Roman, Times, serif»>Editorial
Reformas van, reformas vienen…
En los últimos días se han hecho diversas propuestas y sugerencias de reformas institucionales, que supuestamente podrían resolver los graves problemas que sufre el país y que son de todos y de sobra conocidos.
Delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI), representantes de países y organismos internacionales cooperantes con Nicaragua que participaron en la reciente reunión del Grupo Consultivo celebrada en Managua, y diplomáticos extranjeros, han insistido últimamente en la necesidad de las reformas, particularmente de los poderes Judicial y Electoral “que son demasiado caros y poco eficaces”, según dijo el embajador de la Unión Europea, Giorgio Mamberto, y “para crear un ambiente propicio a la inversión, y por ende, al desarrollo”, señaló a su vez la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Barbara Moore (LA PRENSA, jueves 30 de octubre).
Por su parte el Partido Conservador presentó públicamente y ante la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma a la Ley Electoral que algunos analistas políticos consideran excelente, mientras que el líder del FSLN, Daniel Ortega, propuso públicamente, después de reunirse con miembros del Grupo Consultivo, que se suspendan las elecciones municipales que deben celebrarse el próximo año para hacerlas junto con las presidenciales y parlamentarias del 2006, y que el dinero que no se gaste en los comicios locales se redistribuya en rubros sociales del Presupuesto General de la República.
Por supuesto que la propuesta de Ortega es improcedente, y además demagógica, pues lo que pretende es ganar simpatías y votos entre los sectores sociales que supuestamente podrían resultar beneficiados con el dinero que no se gastaría en las elecciones municipales.
En realidad, el objetivo de que la elección de los alcaldes y concejales se haga separada —en tiempo distinto— de los comicios presidenciales y parlamentarios, como se estableció en la Constitución mediante la reforma constitucional de 1995, es fortalecer la autonomía municipal. Se trata de que los ciudadanos de cada municipio puedan elegir a sus autoridades considerando los intereses de las propias localidades, de acuerdo con las buenas cualidades de los candidatos demostradas en cada lugar, no por el arrastre político de los aspirantes a ocupar los cargos de rango nacional. De modo que la mencionada propuesta de Ortega es tan desafortunada como inaceptable.
Y en lo que se refiere al gasto en las elecciones municipales, si fuera por esto que se deberían suspender —como sugiere Daniel Ortega—, pues entonces habría que suspender también las elecciones nacionales, de Presidente de la República y diputados, o mejor suprimir algunas instituciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional, pues en términos generales muy pococ beneficios, o ninguno, le ha reportado a los ciudadanos la actuación política y personal de muchos diputados.
Por otra parte, en cuanto a las reformas institucionales que sugieren los representantes de organismos internacionales y diplomáticos extranjeros —quienes, obviamente, por diplomacia omitieron decir que las instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electora, además de caras e ineficientes están minadas por la corrupción—, sin duda que son necesarias y sería una gran cosa que se pudieran aprobar, y sobre todo aplicar.
Ciertamente, las instituciones y las leyes que las sustentan jurídicamente son instrumentos siempre perfectibles, que deben estar en permanente proceso de adaptación a la dinámica de los cambios sociales y culturales en la sociedad y en el entorno internacional. Pero en la actualidad no es ésa la raíz ni la causa fundamental de la problemática de Nicaragua, sino las personas que las ocupan, que no están allí por capacidad, méritos personales y profesionales, ni por integridad —que son indispensables para ocupar y ejercer un cargo público—, sino que fueron puestos como consecuencia de un pacto entre caudillos políticos corruptos que pervirtieron las instituciones y las transformaron en un botín personal y partidista.
¿De qué serviría aprobar leyes para modernizar formalmente esas instituciones, si las mismas personas corruptas, desacreditadas e ineptas van a seguir al mando de ellas y lucrándose del Presupuesto del Estado, o sea del trabajo ajeno?
Ciertamente, para comenzar a resolver los gravísimos problemas que sufre el país —políticos, morales, sociales, económicos e institucionales—, lo primero que se debería hacer es sustituir a esas personas que son la causa del problema, no su solución.
