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¿Quién nos protege de nuestros custodios?
De sobra se sabe que la piedra angular del prestigio de un Estado es su capacidad de garantizar la prestación de justicia. Preocupa por ello que cada día se presenten denuncias de sectores responsables de la sociedad sobre el proceder reprochable que se da en todos los niveles de esa contaminada maquinaria que llamamos Poder Judicial, que es manejado prácticamente a su arbitrio por las dos mayores fuerzas políticas del país, el PLC y el FSLN.
No se trata de una campaña contra el andamiaje judicial, como suelen decir algunos magistrados y jueces para defenderse y justificarse, ni hay nada personal contra ellos. Se trata de ejercer el derecho ciudadano de reclamar por los abusos que cometen los poderes del Estado, que con su proceder incorrecto aumentan el índice de riesgo-país.
En realidad, es increíble la versatilidad culpable de los diversos niveles de la judicatura nacional. Lo mismo emiten sentencias equívocas que pretenden anular fallos de la Superintendencia de Bancos sobre quiebras fraudulentas, como apañan estafas perpetradas por empresas que nunca probaron lo que reclaman. A nivel de los cuadros inferiores de la judicatura nacional también ocurren sentencias increíbles, como aquella de una juez que saltó sobre la decisión firme de la Corte Suprema que ordenaba suspender los trámites de un juicio, mandando a entregar depósitos a la contraparte que mantenía en custodia un banco.
El último de los escándalos es la autorización de la juez Juana Méndez para que el reo Arnoldo Alemán, enjuiciado por lavado de dinero, disponga de un teléfono celular desde su celda. Sin duda que esa facilidad le permitiría a Alemán comunicarse directamente con los convencionales del PLC, a fin de recabar su obediencia en la Convención extraordinaria del próximo domingo. No bastaba la transmisión de órdenes por intermedio de su señora esposa, convertida en líder vicariante del PLC. Era indispensable el contacto directo, celular en mano, con la clientela. Y ante la orden del Ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo Llanes, de anular semejante ventaja, la juez Méndez reaccionó con prepotencia y anunció que ella misma llevaría el teléfono a Alemán, lo que refuerza la suposición de que detrás de esta escandalosa actitud hay un arreglo político de la cúpula libero-sandinista, que destrabaría la elección de presidente de la Suprema Corte, lo mismo que la estancada selección de magistrados de los tribunales de Apelaciones de Masaya y Rivas. Es fácil imaginarse quién habrá dado la orden y a quién favorece.
Las razones que dio la juez para tomar semejante decisión fueron peregrinas. En efecto, el artículo 87 de la Ley 295 claramente establece que los condenados por el delito de lavado de dinero no gozan de ningún beneficio, ya sea de libertad condicional, prisión domiciliar bajo fianza personal, ni reducción de pena por buen comportamiento, pues el lavado de dinero es calificado como un delito de la más alta gravedad.
Sin embargo la juez Juana Méndez, alegando supuestas violaciones a los derechos humanos del detenido, no reparó en otorgarle facilidades que están excluidas o prohibidas por la ley. Y lo que es peor, quizás la encargada de velar por la buena conducta procesal de los jueces, o sea la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, ante la queja interpuesta por el jurista Sergio García Quintero contra la juez Méndez por una violación de la ley, rotundamente declaró que la actuación de aquélla era perfectamente legal porque supuestamente aplicaba la Constitución que prima sobre la ley ordinaria. Olvidaron los magistrados que hace apenas tres meses destituyeron a la juez del Juzgado Tercero de Distrito del Crimen, de Managua, doctora Flavia Solís, por similar motivo al haber dado libertad bajo fianza por enfermedad al narcotraficante Ospina, de origen colombiano, quien aprovechó la oportunidad para fugarse del país. En esa ocasión la Corte Suprema en clara sentencia, que fue muy aplaudida por la ciudadanía, destituyó a la juez llevándose de paso a otra judicial, Vanessa Chévez, por encontrarla complicada en un caso de falsificación de documentos públicos. Entonces, ¿por qué esa contradicción?
En presencia de estos casos de flagrante injusticia podemos decir, como el satírico romano, Juvenal: ¿quién nos defenderá de nuestros custodios? ¿Hasta cuándo los magistrados de la Corte Suprema van a corregir esas anomalías para restablecer la confianza ciudadana en la justicia.
