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Lo más probable es que el gobierno de Costa Rica abra las puertas a la competencia empresarial en los campos de la energía, las telecomunicaciones y los seguros, donde existen monopolios estatales que están condenados a caer desde que ese país decidió entrar a negociar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta).
Es difícil imaginar que Costa Rica renuncie a la oportunidad de este tratado comercial, a cambio de mantener esos monopolios que podrían dejar al país con retrasos en tecnologías, además que cerca del 70 por ciento de sus productos agrícolas ya van hacia el mercado estadounidense.
Pero un sector sindical fuerte ha mantenido bajo presión al gobierno, porque quieren parar la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución que también maneja las telecomunicaciones y que este año afrontará un déficit de 29 mil millones de colones (70.9 millones de dólares).
Las protestas alteraron la semana pasada al presidente Abel Pacheco. “Si el diablo hace que quedemos fuera del TLC, adiós Costa Rica –reaccionó–. ¿A quién le vendemos el café, las piñas, el banano? ¿cómo puede haber costarricenses que desfilen en contra del TLC?”
Aunque los opositores al tratado comercial argumentan que, con éste, tarde o temprano serán privatizados los servicios estatales de energía, telecomunicación y seguros, parece que la mayoría de los ciudadanos ticos han sabido diferenciar entre privatización y apertura a la competencia, apuntándose a esta última, sin riesgo de que su país quede fuera del TLC.
Una encuesta del periódico Al Día reveló que el 65.7 por ciento de los consultados está de acuerdo con que el gobierno permita la competencia, de empresas privadas, contra el ICE. Sólo el 30.6 por ciento se opuso.
El ex presidente Oscar Arias aseguró que la ruptura de los monopolios, tanto públicos como privados beneficiará a los costarricenses. “Nadie quiere vender ni al ICE ni al INS (Instituto Nacional de Seguros) –comentó–, al contrario, se van a fortalecer si se les obliga a mejorar la calidad de los servicios por la competencia”.
Entre la población costarricense se comenta que el ICE ha brindado un buen servicio de telefonía fija, pero ha mostrado fallas en la telefonía móvil e Internet, campos en que la competencia privada, nacional o extranjera, podría contribuir con tecnologías mejores.
Señalan, incluso, que la banca estatal se volvió más eficiente desde que entró la banca privada, lo que constituye un indicio de que la competencia sana ayuda a mejorar.
Lo peligroso sería que el gobierno costarricense venda todo y deje a los ciudadanos a merced de compañías privadas sin regulación, que cobren a su antojo por los servicios.
Costa Rica necesita apertura, aunque si el Estado privatiza puede quedarse “sin santo y sin limosna”, me dijo el viernes monseñor Angel San Casimiro, Obispo de Ciudad Quesada. “No concibo que venga una empresa extranjera y diga: ‘ahora yo me aprovecho de la infraestructura que hizo el ICE”.
