Lina Altamirano Romero
El Artículo 57 de la Constitución Política de la República establece que “los nicaragüenses tienen derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana”, lo que indica la voluntad legislativa de garantizar este derecho humano al trabajo digno. Sin embargo, en nuestra realidad nacional el índice de desempleo oscila entre el 55 y 60 por ciento.
El Estado, por su rol tutelar de los derechos laborales, debe garantizar y facilitar todas las condiciones mínimas de trabajo a las que tienen derecho las y los trabajadores: salario igual por igual trabajo en idénticas condiciones, que aseguren la integridad física, la salud, la higiene ocupacional, la estabilidad laboral, disminución de riesgos profesionales, el derecho al descanso semanal, las vacaciones y la seguridad social. Todos estos derechos en su mayoría son violados por instituciones del Estado y empresas privadas, lo que conlleva a empleadores realizar despidos sin causa justa, y por el empleado, en algunos casos, tomar la triste decisión de renunciar a su puesto y en la mayoría de los casos soportar el maltrato físico, verbal y psicológico, irrespeto a la dignidad humana, explotación, acoso sexual, etc., a que son sometidos, porque la situación actual económica-social los obliga a quedarse. Y peor aún, por temor a represalias se reservan el derecho de denunciar estos tipos de violaciones que día a día estadísticamente aumentan, y a todo esto se suma el bajo salario que devengan.
¿Será éste un trabajo digno acorde con la naturaleza del ser humano? Esto sin contar a las personas con impedimentos físicos que por su condición son marginadas.
Es triste y lamentable ver en los medios televisivos, escuchar en los diferentes medios radiales, leer en los diarios y oír el comentario entre la población sobre estos tipos de violaciones que suceden a diario sin que el Estado, a través del Ministerio del Trabajo (Mitrab), pueda intervenir para mejorar esta situación y aplicar en todo su rigor las leyes e instrumentos jurídico-laborales, tanto nacionales como internacionales. La actuación del Mitrab ha sido débil para hacer cumplir las leyes laborales y lenta para mediar y solucionar estas violaciones, como ha sucedido con las empresas de Zona Franca instaladas en nuestro país.
Es deprimente ver aún más el grupo de personas y familias desempleadas embargadas por la extrema pobreza, porque además de no ejercer el derecho humano laboral están sometidas a una serie de trastornos mentales que los lleva hasta el suicidio.
Es necesario hacer conciencia de que sin un trabajo digno no es posible el desarrollo de una nación.
El derecho a llevar una vida digna, plena, segura y sana, nunca podrá hacerse efectivo a menos que toda persona pueda satisfacer de manera adecuada y equitativa sus necesidades básicas de trabajo, alimentación, vivienda, atención médica, educación y cultura.
La autora es pedagoga.
