Hugo Berríos Sáenz
Nicaragua es parte de una amplia gama de países atractivos al inversionista extranjero; pero, desafortunadamente, cuando éste se da cuenta de nuestro peligroso sistema judicial, se le “bajan las llantas” y al final la inversión se va a otro país. Y se van también los empleos que necesitamos.
Al sector privado le toca la tarea de crear más empleos y al Gobierno la de hacérnosla más fácil, quitándonos del camino los obstáculos burocráticos y de corrupción, y darnos, también seguridad financiera, fiscal, monetaria y sobre todo, seguridad jurídica. El Ejecutivo está haciendo grandes esfuerzos en este sentido, en oportuna concordancia con los tratados de libre comercio especialmente con Estados Unidos, la unión aduanera centroamericana, el eventual punto de culminación del HIPC y el Fondo del Milenio, que también contribuirán al desarrollo de la inversión en Nicaragua.
Ya no se necesita, entonces, “negociar” con los funcionarios públicos las coimas, favores o una “participación” en el negocio del inversionista, a cambio de que éste reciba una concesión o gane una licitación. Pero poco o nada ha hecho el Poder Legislativo para sanear nuestro manoseado sistema judicial, en el que las reglas del juego no están claramente definidas y cambian al vaivén de los intereses políticos y económicos; y donde los magistrados y jueces resuelven, siguiendo las orientaciones de “arriba”, como podría ser por ejemplo la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre un actual y sonado caso, que serviría para financiar la campaña presidencial de un partido político al que mucho de los judiciales pertenecen; donde los políticos trafican sus influencias para torcer la justicia a favor de los delincuentes con “plata”, narcotraficantes y quiebra bancos; donde las disputas comerciales se resuelven en base a cualquier otra cosa menos al derecho mercantil; y donde, la retardación de la justicia es el “modus operandi”.
El “Country Commercial Guide” de Nicaragua, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un servicio de información a los inversionistas de ese país y que es de forzosa lectura para cualquiera que esté considerando invertir en Nicaragua, señala en sus páginas los detalles del grado de descomposición de nuestro sistema judicial y claramente, por este motivo, nos clasifica como un país de alto riesgo para invertir.
Los nicaragüenses demandamos la reforma del Poder Judicial, comenzando con la recomposición de la Corte Suprema de Justicia con magistrados de honorable trayectoria jurídica y ciudadana, que den el buen ejemplo, y así la justicia se imparta dentro de un verdadero Estado de Derecho que brinde la seguridad jurídica que necesitamos. También para que venga el tipo y calidad de inversión que proveerá a los nicaragüenses con empleos que contribuyan realmente a su bienestar social y económico.
Los legisladores deben reformar el Poder Judicial y así contribuir a romper el status quo para que, juntos, sigamos cambiando las maneras de cómo se hacen las cosas en Nicaragua y propiciar así el clima de confianza necesario para el desarrollo de la inversión nacional y extranjera para que, entre todos, hagamos realidad las promesas de campaña de creación de más empleos y reducción de la pobreza.
El autor es empresario privado y licenciado en Finanzas y Administración de Empresas.
