Plan Nacional de Desarrollo y las reformas a la Constitución

Julio Ignacio [email protected]

Según el doctor Emilio Alvarez Montalván, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Bolaños “carece de tres elementos: apoyo político, recursos fiscales, e incertidumbre de continuación por gobiernos posteriores”. En política, el realismo es indispensable, y quien la protagoniza tiene la obligación, para no pifiarla, de calcular bien la correlación de fuerzas para ejercerla con éxito. En política, el mayor riesgo es no tomar ninguno, pero se requiere aptitud de adaptación y flexibilidad. No se trata de estar a favor o en contra del PND de Enrique Bolaños, porque sí; ni si es corto o largo placista; ni de montarse en el carro de las palabras de moda por conveniencia, pues uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho es la racionalidad y la coherencia. Se trata de ver si es factible, en la forma como se ha planteado.

Un PND implica una honesta y sincera transformación de las estructuras del Estado, y para eso se requieren reformas políticas, y pisar callos, que a su vez demandan concertación de voluntades, y nada de eso será posible, sin un liderazgo fuerte, convincente y efectivo, como el del FDR cuando la depresión y la Segunda Guerra Mmundial. En la Nicaragua actual, con una pobre cultura política, premoderna, como la llamó Serrano Caldera, donde prevalece el principio de: “quien no está conmigo, está en contra mía” o “quien no está de acuerdo con lo que pensamos, es nuestro enemigo”, y donde el Presidente ha fracasado en reconciliar una sociedad cada vez más dividida, el PND de Bolaños peca, como dice Álvarez Montalván, por ingenuo.

En toda reforma, la política precede a la económica, y también representa el programa social y la propuesta ideológica del Gobierno. Con las reformas se preservará lo que quiere conservarse, lo útil, y se buscará desechar lo que no sirve, lo obsoleto, ya sea porque ya dieron lo que tenían que dar, o porque nunca sirvieron, y así anticipar el futuro que se quiere. Las reformas políticas de la estructura del Estado son jurídicas, a la Constitución, pero Nicaragua, hay que aceptarlo, vive al borde del caos, confrontada por trágicas disyuntivas, y para que el futuro sea cimiente de progreso y desarrollo, y no foco de mayor descomposición social, moral y civil, necesita libertad, autoridad, Estado de derecho, sociedad civil responsable, predominio de justicia social y jurídica, y nada de eso se podrá lograr, ni siquiera una Nueva Era, sin primero tener una reforma espiritual de arriba abajo. Y para eso también hace falta liderazgo.

Para que las reformas sean efectivas tienen que ser legítimas, y para que sean legítimas tienen que ser aceptadas por todos o por una amplia mayoría. Las reformas deben ser para darle credibilidad a la eficacia de los gobernantes, y garantía a la gobernabilidad, pues si sintetizamos los efectos de una reforma lo que hacen es revitalizar el poder de la sociedad y la fuerza del Estado, además de conferirles una ruta y una dirección clara a seguir, que es lo que necesita Nicaragua.

Se puede apreciar en el PND, por los comentarios de la opinión pública, que llama la atención la ingenuidad política del mismo, tal vez piensan algunos es así para no tener que pisar callos, pero si no los pisa, la propuesta no será honesta y no pasará de ser una utopía. En ningún lado se ha transformado nada, si no se empieza con la Constitución. Así se hizo en España cuando llegó Franco, y cuando empezó el Rey. Así se hizo en México, empezando con Salinas de Gortari hasta el último gobierno del PRI, cambiando estructuras que le costaron la Presidencia del país. En Nicaragua se cambió la Constitución con Tomás Martínez en 1858, estableciéndose las bases del régimen de los 30 años conservadores. Cuando llegó Zelaya se convocó una constituyente, para establecer los principios liberales que abrieron en Nicaragua las puertas de la modernidad política, y Somoza García estableció el arranque económico, históricamente documentado, que empieza en 1950, con las reformas constitucionales de 1939 y 1950, cambiando la estructura política del Estado, con innovaciones administrativas, como los entes autónomos, que aparecen por primera vez en nuestro sistema de administración pública.

Sin liderazgo político, fuerte, audaz y efectivo, no hay reforma de las estructuras del Estado.

El autor es jurista, residente en Estados Unidos.

Editorial
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