- La mayoría son sudamericanos. De Colombia saltan a las islas del Caribe nicaragüense, donde ninguna autoridad ha podido contenerlos. Cuando mucho, apresan al 10 por ciento. ¿Cuántos cruzan el país rumbo a Estados Unidos? “No tenemos ni idea”, dice el director de Migración.
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Rolando Fabars entró indocumentado a Nicaragua desde Colombia. Lo capturaron en la región del Caribe y estuvo detenido en Bluefields durante 37 días, hasta que logró ser aceptado como solicitante de refugio político, porque es oriundo de Cuba. Como Fabars, cientos de migrantes de Perú, Ecuador y Colombia llegan a las costas caribeñas de Nicaragua y tratan de alcanzar la ciudad de Managua, de donde viajan por tierra, a veces con cédulas de identidad nicaragüenses, hacia Estados Unidos.
El éxodo de Fabars comenzó hace tres años en Moscú, de donde escapó de la vigilancia del gobierno cubano. Tenía 33 años de edad. Llegó a Egipto y pasó temporadas en varios países hasta instalarse en Colombia, como cocinero y bailarín, pero al año tuvo que salir de Bogotá por miedo a las mafias.
Deambulando en la isla San Andrés, el cubano se enteró de pangas que llevaban migrantes hacia una isla pequeña del Caribe de Nicaragua y supuso que en este país podía mejorar su suerte. Una noche de mayo del 2002, por 300 dólares navegó durante cuatro horas sobre un mar algo agitado hasta desembarcar en Little Corn Island, un cayo de apenas 3.5 kilómetros cuadrados.
Ya estaba a sólo siete millas náuticas (1.8 kilómetros por milla) de Corn Island, una isla más grande, con 9.6 kilómetros cuadrados, su próximo paso.
Little Corn Island, “la islita” como le llaman los autóctonos, es un pequeño paraíso natural sin más ley que la de sus mil pobladores, la mayoría dedicados a la pesca. Ni un policía, ni un agente de Migración, ni un soldado de la Fuerza Naval pudimos encontrar allí.
POLICÍAS A PIE Y AL “RAID”
“Allá vienen los guarda-muelles”, dijo con displicencia un estibador criollo que comía en el cafetín de Funia, al ver un barco guardacostas que se acercaba al atracadero municipal de Corn Island, la misma mañana que esperábamos la panga para ir a la islita.
Por los comentarios de alrededor nos enteramos luego que la población de la “isla grande” piensa que la Fuerza Naval allí sólo sirve para ir de un muelle a otro, en vez de perseguir a los piratas que roban langostas y otros mariscos en alta mar.
La Policía de Corn Island tampoco puede vigilar. Sólo tiene cinco agentes, más ocho voluntarios, para proteger a nueve mil pobladores de la isla grande. Sin carros, sin pangas. A pie patrullan las calles y si necesitan ir a la islita, piden por favor que algún bote los lleve.
Aún así, los policías atraparon a 15 migrantes ilegales entre junio y julio de este año, cuando éstos trataban de salir de la isla grande, hacia Bluefields y Managua.
“A la islita vamos una vez a la semana o dos veces al mes, cuando conseguimos ‘ride’… Nosotros vamos sólo al ‘ride”, dice el capitán Pedro Santeliz, jefe de la Policía de Corn Island.
COLOMBIANOS COMO EN CASA
Quienes vieron a Rolando Fabars caminar por la playa de Little Corn Island, viajar luego en panga a Corn Island y después en el barco “Capitán D” hasta Bluefields, en ningún momento sospecharon que él fuera extranjero. Pasó como un criollo más, alto y negro, mientras mantuvo la boca cerrada.
Al mes de estar preso, la orden en Migración fue deportar a Fabars hacia Colombia, de donde venía y había tenido permiso de residencia temporal, pero las autoridades de Bogotá se negaron a recibirlo. La segunda opción era expulsarlo hacia Cuba, pero él pidió clemencia.
“¿Sabes lo que te pasa si te vas para Cuba?”, le preguntó el oficial de Migración que barajaba su suerte.
“No tiene que decirlo… Si usted quiere cometer un asesinato, me manda”, respondió Fabars.
Eran los últimos días de agosto del 2002 y el cubano solicitó la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y asilo político en Nicaragua.
“Los colombianos llegan a la islita como que van a su casa”, afirma Jairo Gutiérrez, delegado de Migración en Corn Island, institución que abrió oficinas allí hace un año.
Una mañana dominical, soleada y con mucho viento, el agente de Migración que cuidaba el muelle de la isla grande detuvo al azar a un mestizo y le preguntó la dirección de su residencia. “Soy de Masaya, del barrio Monimbó”, respondió. “¡Qué casualidad! Yo también soy de allá –mintió el agente–. ¿Por dónde vivís?” El hombre se puso nervioso y tras una pausa, cuando el oficial le pidió que cantara el Himno Nacional, se rindió: “Soy peruano”. Era enero del 2003.
Ese día Migración capturó a un grupo de once peruanos y ecuatorianos que trataban de abordar el barco “Capitán D”, que los días domingos hace una travesía de siete horas desde Corn Island hasta Bluefields y retorna los miércoles.
ATRAPADOS POR SEGUNDA VEZ
Desde entonces los traficantes o “coyotes” han variado sus rutas y llevan a los indocumentados en pangas rápidas de la islita hacia El Rama, Laguna de Perlas o las costas aledañas a Puerto Cabezas, de donde la frontera con Honduras dista unos 200 kilómetros.
Tres cadáveres, de supuestos indocumentados ecuatorianos, dos mujeres y un hombre, fueron hallados cerca de la comunidad de Wawa Bar, al norte de la costa caribeña nicaragüense, el 28 de enero del 2003.
Estaban semienterrados en la arena y el forense dijo que murieron ahogados. Supuso que habían naufragado por una tormenta que azotó la zona dos días antes, mientras viajaban de Little Corn Island hacia la zona de Puerto Cabezas. En sus ropas hallaron monedas de Ecuador y Colombia.
Otros migrantes, estafados por los “coyotes”, quedan abandonados en la islita y algunos nativos les dan la mano.
Dos peruanos, Luis Antonio Sánchez Calle (45) y Cristian Leoncio Calle Corrales (18) fueron capturados por la Policía el 28 de julio último mientras pernoctaban en la casa de María Angélica Taylor, en Corn Island. La mujer declaró que les dio alojamiento y comida por humanismo.
Luis Antonio mostró a los agentes el recorte de un periódico de Honduras, en que aparecían fotografiados él y su sobrino Cristian Leoncio cuando iban a ser deportados por las autoridades de ese país, meses antes. Ahora estaban en su segundo intento por llegar a Estados Unidos, venían de la ciudad de Arequipa y el “coyote” los había dejado en la islita con el dinero justo para tomar un avión, de la isla grande hacia Managua.
CON DIFICULTAD DETIENEN AL 10 POR CIENTO
Dos semanas antes, el 13 de julio del 2003, los policías de Corn Island apresaron al venezolano Manuel Manzano Aponte y al guatemalteco Luis Pacheco González, que además llevaban drogas. Manzano guardaba en su estómago 36 cápsulas de heroína que defecó en la cárcel y Pacheco cargaba otras 25 cápsulas en una botella de champú.
El guatemalteco dijo que estuvo trabajando en Colombia y con sus ahorros compró drogas, para negociarlas en su país.
Entre el año 2002 y junio del 2003, la Policía nicaragüense capturó a seis guatemaltecos que traficaban con personas ilegales.
En realidad, los indocumentados que detienen las autoridades son pocos con relación a los que suponen cruzan por Nicaragua, dice el Director Nacional de Migración y Extranjería, Luis Rodolfo Toruño.
“Cuando mucho detienen al 10 por ciento” de los ilegales, comentó Raúl Rivas, quien laboró siete años en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y en cuatro ocasiones tuvo que ir hasta la India custodiando a migrantes deportados desde Nicaragua.
Las autoridades nicaragüenses atraparon a 312 migrantes ilegales en el 2001, a 431 en el 2002 y a 149 durante los primeros seis meses del 2003, según los registros de Migración.
“No puedo decirte cuántos ilegales pasan por el país… No tenemos ni idea. Hay un promedio de más de 30 mensual retenidos y mensual deportamos entre 20 y 40”, confesó Toruño.
Si las detenciones representaran sólo el 10 por ciento del tráfico de ilegales, significa que el año pasado cruzaron por Nicaragua más de cuatro mil migrantes extranjeros, y durante el 2001 fueron más de tres mil.
Antonieta Vargas, quien ha sido por cinco años agregada civil de la Embajada de Perú en Managua, estima que ha crecido el tráfico de ilegales sudamericanos. “Este año se ha superado el récord” de peruanos detenidos en Nicaragua, porque hasta julio eran más de 60, precisó.
La Policía Nacional detuvo en el 2002 a 98 ecuatorianos, 82 colombianos y 75 peruanos. A mitad del 2003 había capturado a 42 peruanos, 38 colombianos y nueve ecuatorianos.
“Son pocos los que detenemos, porque con frecuencia me avisan de Honduras y El Salvador que detuvieron a ilegales que pasaron por Nicaragua”, comenta Toruño.
EMBARAZADA SE ARRIESGÓ EN EL MAR
La costa caribeña nicaragüense tiene territorios sin ley y uno de ellos, Little Corn Island, está a 80 millas náuticas de San Andrés, la isla en posesión de Colombia y reclamada por Nicaragua en la Corte Internacional de La Haya.
Los indocumentados también entran de Costa Rica, aunque los traficantes muestran preferencia por las islas de Corn Island, una zona menos vigilada. La Policía local sabe que hay 50 expendios de drogas en la isla grande y siete en la islita, pero ha sido incapaz de acabarlos, por falta de recursos.
Algunos isleños preguntan dónde están las pangas rápidas que las autoridades quitan a los narcotraficantes. “Allí están voladas en Bluefields –se queja el capitán Pedro Santeliz–. Ahorita, allí tenemos una que ocupamos hace como quince días; es colombiana, voy a pedir al mando superior que me la dejen, que no se la lleven a Bluefields, porque ya llegando a Bluefields se pierden, allí están voladas en Tránsito”.
Una mujer ecuatoriana con siete meses de embarazo llegó en una de esas pangas al Caribe de Nicaragua y el cónsul de Ecuador en Managua, Javier Bustamante, gestionó para que la retornaran de inmediato a su país.
Llevó a su compatriota al ginecólogo, para saber si podía viajar así en avión y el médico concluyó: “¡Si pudo venirse en bote en medio mar, cómo no va a poder en avión!”
Cinco jóvenes ecuatorianos se entregaron a Migración en Puerto Cabezas, en enero pasado, porque estaban perdidos y sin dinero. Luis Calúa, Jorge Antanede, Roberto Rosales, Vicente Tenemaz y Angel Seratia fueron abandonados por los traficantes y no sabían cómo continuar su viaje al Norte.
Otros once ecuatorianos habían sido capturados en diciembre del 2002 en la comunidad de Wawa Bar, a unos diez kilómetros de Puerto Cabezas.
PEQUENA CUEVA DE PIRATAS
En Little Corn Island falta la energía eléctrica y la telefonía convencional, pero algunos hoteles y casas privadas poseen teléfonos satelitales. El capitán Santeliz cree que siempre hay informantes en la isla grande que avisan a la islita, cuando la Policía zarpa en esa dirección.
“Estamos viendo la manera de cómo nos movilizamos con la Marina de Guerra del Ejército, pero ellos siempre mantienen que están malas (las naves), que no se qué… Entonces, eso nos dificulta”, dice con desaliento el delegado policial.
En la islita “hay varios ciudadanos que trabajan con los narcos, son los que les consiguen combustible, les consiguen alojamiento y les consiguen información de los movimientos de la Policía”, afirmó.
Winí, un hombre flaco que camina rápido, es la autoridad civil en la islita. Desde hace nueve años es delegado municipal, pero ante todo representa a una de las dos familias que predominan allí: los Downs y los Shogreen. Se llama Winston Downs y todos lo conocen como Winí.
¿Ha visto extranjeros indocumentados? “Esto para nosotros es normal –expresa sin demora–. Es normal ver esa clase de personas, por no tener la presencia de la Policía ni de la Naval en la isla… Esta gente anda arriba y abajo. Puede ser cada semana, depende del tiempo también, porque en tiempo malo no llegan. Estas personas sólo vienen de tránsito, llegan de noche y de día salen para otro lugar. Nunca pasan mucho tiempo. Los de la isla los llevan a la costa, Laguna, Bluefields, tal vez”.
Jairo Gutiérrez, delegado de Migración en Corn Island, precisa: “Yo sólo voy a la islita, o mando a un agente, cuando la Capitanía (Naval) me informa que van a tener un viaje”.
La Fuerza Naval del Ejército tiene la responsabilidad de vigilar 60 mil kilómetros cuadrados en el Caribe, donde hay más de 450 cayos e islotes. Su jefe, el capitán de navío Juan Estrada reconoce que necesitan refuerzo para cumplir esa labor y que a veces pasan 15 días dándole mantenimiento a la embarcación con que cuidan Corn Island.
Entre enero y julio de este año, la Naval capturó 10 lanchas rápidas a narcotraficantes y tres barcos industriales, de bandera hondureña, que pescaban sin permiso en aguas nicaragüenses. “Dos o tres veces al mes vamos a Little Corn Island, hace falta un puesto allí, pero necesitaríamos más hombres”, dijo Estrada.
UN SELLO FALSO DESDE CUENCA
Los indocumentados que han caído en manos de Migración o la Policía, han dicho que pagaron 300 dólares por el viaje de San Andrés a Little Corn Island. Viajaron de noche y siempre hubo alguien esperándolos en la islita que, al parecer, está en comunicación constante con San Andrés.
Una madrugada reciente el guardacostas de la Naval detectó una panga a diez millas al este de Corn Island. Eran las tres de la mañana y transportaba a cinco indocumentados, entre peruanos y ecuatorianos. Lo común, explica el capitán Estrada, es que los migrantes lleguen a la islita después de las 12 de la noche.
Los indocumentados callan el nombre o la descripción del “coyote”, del panguero que los trajo y de quien los ayudó en territorio nicaragüense, quizás por temor a una venganza o a reencontrarse con ellos, si son deportados e reintentan el viaje a Estados Unidos.
A una jovencita ecuatoriana la detuvieron al llegar al aeropuerto de Managua, porque venía con una visa falsa de Nicaragua. Alegó que la había conseguido legal en la ciudad de Cuenca, pero le aclararon que allí no hay consulado nicaragüense. “Sí –insistió la muchacha–. Fui a una oficina y allí estaba la bandera y un señor que me selló el pasaporte”.
GESTIONAN DEFUNCIONES DE 1998
A Winí, como a otros habitantes de Little Corn Island, le preocupa la relación con los indocumentados. “He visto algunos pero me alejo de ellos para evitar las malas lenguas –comenta–. Yo me cuido en ese sentido, porque nosotros tenemos dos o tres lanchas y es lo más fácil que diga la gente, que yo me comunico con ellos porque tal vez los quiero trasladar. Evito ese contacto”.
Los migrantes han dicho que el viaje de la islita a El Rama o Puerto Cabezas, cuesta 200 dólares por persona.
El vicealcalde de Corn Island, David Somarriba, asegura que con los indocumentados “los nativos de la islita se benefician, al darles hospedaje y les pagan más de lo real; entonces no hablan y, como la mafia está bien organizada, nadie quiere hablar. Hay temor con lo de los indocumentados, porque no se sabe”.
Las leyes nicaragüenses penan con tres meses de arresto inconmutable y la deportación posterior, a los extranjeros que entran indocumentados. Sin embargo, hay una serie de casos en que los jueces han ordenado la deportación inmediata y eso parece preocupar a las autoridades de Migración.
“A veces un abogado consigue que un ilegal quede legal en el país, porque el juez lo legaliza –lamenta Luis Rodolfo Toruño–. ‘Orden de libertad’, te dicen, y nos ponen hasta recursos de amparo, para que los saquemos de inmediato”.
La Juez Local Cuarto del Crimen, Adela Cardoza, se defiende: “Muchas veces los testigos son los oficiales de Migración, porque hacen la detención e incautan los bienes de los ilegales, y luego es difícil hacerlos comparecer”.
En una suerte de bodega con ventanas, hermética y custodiada, en el patio trasero del edificio central de Migración en Managua, siempre hay extranjeros retenidos. En promedio permanecen diez por día y a veces se juntan hasta 70, casi hacinados. Duermen en literas y tienen un comedor al aire libre, donde una mujer pagada por el gobierno les prepara la comida.
Allí permanecen hasta cumplir los tres meses de prisión o un tiempo menor si consiguen que el juez autorice deportarlos antes.
En octubre de 1996 fue aprobada la Ley 240, para el Control del Tráfico de Migrantes Ilegales, con la que Nicaragua pretendía convertirse en una suerte de colador para contener a traficantes e indocumentados que entraban de Costa Rica y Colombia rumbo a Estados Unidos.
Sin embargo, el director nacional de Migración se muestra desilusionado: “A veces la Policía tiene interés en retener a un individuo, pero el juez lo impide… Recurrimos ante el juez, confirmándole que es traficante, pero no logramos nada”.
Aunque la Ley 240 precisa el arresto inconmutable por tres meses, la juez Cardoza señala que el Código Penal contempla la suspensión de condena cuando las penas son menores de tres años.
Asegura que en ocasiones, funcionarios de Migración “dejan entrever” a los jueces que es ilógico estar dándole de comer a una persona que luego se va a ir del país, insinuando así la deportación inmediata.
“No miro nada anómalo que funcionarios de migración me vengan a decir ‘no tengo condiciones, va a haber una epidemia, hay hacinamiento’… Más bien veo buena esa preocupación”, comentó la juez.
La diplomática peruana Antonieta Vargas observa una reducción de las deportaciones rápidas: “El año pasado los jueces daban una sentencia de inmediata deportación a casi todos los indocumentados retenidos, pero este año sólo les recetan tres meses de arresto”.
La Policía Nacional detuvo a 105 traficantes de migrantes ilegales durante el año 2002, de ellos 99 son nicaragüenses, tres guatemaltecos, un dominicano y un ecuatoriano. Durante los primeros seis meses del 2003, apresaron a otros 24 traficantes.
La captura más relevante del 2002 fue la de Emma Laguna, condenada a seis años de prisión por tráfico de ilegales, en la ciudad de Chinandega, aunque sus abogados pidieron la revisión de la sentencia condenatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
Según el director de Migración, Laguna era “la de mayor tráfico de indocumentados” y “estaba conectada a una red que la inició con su ex esposo, un peruano al que deportaron”.
El supuesto cómplice de Laguna era Miguel Orbezo, a quien deportaron a Perú como un indocumentado más, porque no le probaron nexos con el tráfico de personas, dijo Antonieta Vargas.
Agentes de Migración y la Policía tomaron por sorpresa a 16 peruanos y ecuatorianos este mes de agosto, en hospedajes y casas particulares de la ciudad norteña de Ocotal, donde se ocultaban antes de cruzar a Honduras.
Entre los ecuatorianos estaba el niño Diego Marcial Farro, de cinco años de edad. “Se nos han multiplicado los casos de migrantes”, afirmó el subdelegado de Migración en Nueva Segovia, Alan Castellón.
Además de auxiliar a compatriotas retenidos, el cónsul Javier Bustamante se dedica estos días a tramitar las partidas de defunción de algunos ecuatorianos que se ahogaron en Nicaragua hace más de cinco años, en abril de 1998, cuando naufragaron en un bote pequeño en el Lago Cocibolca.
DEL TROPICANA A MOSCU
En el Cabaret Tropicana, un punto importante en la agenda de los turistas que visitan La Habana, Cuba, Rolando Fabars Bell era cocinero. Llegó allí después de graduarse en la Escuela de Hostelería y Turismo “Rubén Martínez Villena” y su desempeño como chef le trajo una oferta para trabajar en Moscú, a donde viajó a principios del año 2000 con autorización del gobierno cubano.
Eso le permitió dejar de ganar 13 dólares (350 pesos) por mes en el Tropicana, para recibir 700 dólares en Rusia, aunque el 20 por ciento de este salario tenía que entregarlo sin atraso a la embajada cubana en Moscú.
Amigos rusos le ayudaron a escapar, y estando Alemania un empresario le propuso ir a trabajar a Colombia. Tras un año de residir en Bogotá, él y otros cubanos que vendían paquetes de fiesta, comida, música y danza, tuvieron que migrar porque se sentían amenazados por grupos armados que les cobraban “la vacuna”, una especie de impuesto para no molestarlos.
“En San Andrés cualquiera te dice: ‘Allá en Nicaragua hay un movimiento bueno de hoteles y se puede hacer algo’. Me vine solo”, relata Fabars mientras limpia un patio en Little Corn Island, donde trata de instalar una pequeña comidería para turistas.
Tiene la protección de ACNUR y sólo espera que Migración de Nicaragua le conceda la residencia como refugiado, para trabajar con libertad y enviarle dinero a su madre que vive en La Habana.
“Fabars está ilegal, sabemos que está en Corn Island donde ha organizado un equipo de béisbol –dijo en Managua el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo–. A él lo protegen las Naciones Unidas por haber huido de su país”.
Le preguntamos a Fabars si no está cansado de huir. “Uno lucha por su familia”, asintió.
MUERTOS
17 ecuatorianos murieron ahogados el 24 de abril de 1998 en el Lago Cocibolca de Nicaragua. Habían entrado ilegalmente desde Costa Rica y trataban de alcanzar las costas del departamento de Rivas, cuando se hundió el bote en que los llevaban los traficantes.
20 personas, 18 de ellas de Ecuador, viajaban en el bote “La Ballena”, que sólo tenía capacidad para transportar 10 personas. De los ecuatorianos sólo sobrevivió Juan Macao Cerda, de 25 años. Los cadáveres de los otros 17 aparecieron en las playas de Rivas tres días después y sólo pudo ser identificado el de Olga Gualdasaca, la única mujer en el grupo.
6 mil dólares le había cobrado el “coyote” a Juan Macao, por llevarlo de Ecuador hasta Estados Unidos. Le pagó tres mil dólares al salir y le entregaría el resto al llegar a su destino.
3 cadáveres de supuestos migrantes ecuatorianos, dos mujeres y un hombre, fueron encontrados en la comunidad Wawa Bar, al norte de la costa caribeña nicaragüense, el 28 de enero del 2003. “No se pudo confirmar si eran de Ecuador, porque sus huellas digitales ya no eran claras”, dijo el cónsul de ese país en Managua, Javier Bustamante.
CIUDADANOS PAGAN
El alojamiento y alimentación de los indocumentados retenidos son financiados con los cobros extraordinarios que Migración hace a los ciudadanos, como el trámite rápido de un pasaporte. Los pasajes de los deportados que carecen de dinero, los consiguen con el gobierno de Estados Unidos, porque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya suspendió esas ayudas. El director de Migración, Luis Rodolfo Toruño, se negó a decir cuánto gasta en atención a los ilegales.
VIGILANCIA VARADA
La Fuerza Naval tiene pocas embarcaciones y recursos para cuidar las costas caribeñas de Nicaragua. Un guardacostas consume 2,400 galones de diesel para ir y volver entre Bluefields y la frontera con Honduras, por lo que navegan poco. Los traficantes de drogas y personas ilegales, usan pangas de 38 pies de largo, con cuatro motores de 200 caballos de fuerza, que viajan a 50 nudos, o sea 80 kilómetros por hora.
LEY 240
Los extranjeros ilegales serán sancionados con penas de tres meses de arresto inconmutables. Una vez cumplida esta pena, serán deportados a su país de origen.
Los traficantes de migrantes ilegales serán sancionados con la pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de diez mil córdobas.
Los cómplices serán sancionados con la pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de diez mil córdobas.
Los encubridores serán serán sancionados con la pena de uno a cuatro años de prisión y una multa de cinco mil córdobas.
Prohíbe que los hoteles, hospedajes y pensiones alojen a extranjeros ilegales, que no posean pasaporte con visa nicaragüense vigente o que esté vencida.
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