Justicia nicaragüense, politizada e incierta

Jaime A. Pastora R.

Definitivamente que los nicaragüenses ya estamos topados de tanta politiquería, de tantas promesas y de tantos robos. Deberíamos ser más solidarios con el ingeniero Enrique Bolaños y apoyar su interés en combatir la corrupción y sobre todo la moción de hacer cambios sustanciales en todos los poderes del Estado, y aún de la misma Constitución.

De los cuatro poderes del Estado el más urgido de profundos cambios es el Poder Judicial, pues los nicaragüenses ya no confiamos en los encargados de impartir justicia.

Con el sonado caso del doctor Arnoldo Alemán, ya se ha rebasado el vaso de agua y la población no entiende por qué se ha hecho tanta alharaca con un ciudadano que ha causado tanto daño.

Desde un principio en que el ex Presidente de la República se vio involucrado en tantas acusaciones de actos ilícitos, debió enfrentar con valentía su defensa y demostrar su inocencia en los juzgados. Pero ridículamente, el doctor Alemán, junto a su abogado defensor y la sarta de malos asesores, se dedicó a tratar de demostrar que era inmune por ser diputado ante el Parlacén. ¿Acaso la inmunidad que confiere el hecho de ser diputado autoriza a realizar actos ilícitos?

Es lógico que quienes están tratando de defender a este señor son aquéllos que fueron beneficiados con tantas regalías y prebendas provenientes del erario y que ahora se ven obligados a pagar estos favores.

Desde un inicio en que el ex presidente fue encontrado culpable de tantos hechos bochornosos y sentenciado a segura y formal prisión, la juez Juana Méndez debió enviarlo a la cárcel y no ser tan benévola, premiando y enviándolo a su hacienda El Chile.

El colmo es que las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados arnoldistas, traten de defender lo indefendible y menospreciar la actuación de la señora juez.

Es tanta la sagacidad de estos señores que vienen con el cuento de que el reo Alemán padece once enfermedades y que en lugar de estar en una prisión debería ser enviado a una suite de un hotel.

El abogado defensor del reo debería preocuparse por demostrar la inocencia de su cliente y no perder el tiempo tratando de demostrar su inmunidad parlacénica y peor aún, hacer énfasis en las afecciones que padece el reo, pues ya existe un dictamen del Instituto de Medicina Legal, que establece que Alemán puede continuar en prisión.

Los magistrados de la Sala Constitucional deben emitir su resolución tomando en cuenta no solamente la argumentación del doctor Mauricio Martínez, sino también el dictamen del IML.

No existen motivos par que el doctor Alemán decida ponerse en huelga de hambre alegando temor a ser envenenado, si la alimentación la recibe de su propia esposa o de sus hijas.

Tragicómico son los disparates vertidos por el magistrado arnoldista, doctor Guillermo Selva, al asegurar que si a Alemán le cae un rayo, si se resbala en un baño y se fractura el cráneo, o si lo muerde un perro, es responsabilidad de la juez Juana Méndez.

¿Qué culpa tiene la doctora Juana Méndez si al doctor Alemán le duelen los juanetes y si las hemorroides lo están maltratando? Lo que está destruyendo al reo Alemán es su conciencia, es el hecho de haberse creído el Dios del Olimpo, de no haberle actuado con transparencia al pueblo que lo llevó al poder.

Los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberían realizar una inspección en todas las celdas del Sistema Penitenciario Nacional, para verificar si éstas prestan condiciones de seguridad para albergar a los reos, no solamente al doctor Alemán, pues bien lo dijo el diputado Nelson Artola, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional, que independientemente de las condiciones políticas, religiosas, económicas o sociales, es potestad de la comisión parlamentaria verificar que se respeten los derechos humanos de los reos del país.

Ante Dios y las leyes todos somos iguales, pero en Nicaragua constituye mayor delito el robo de una gallina que el lavado de dinero, fraude, peculado y malversación de caudales públicos.

La Corte Suprema de Justicia clama por cambios sustanciales y debería estar presidido por cinco magistrados como máximo, seleccionados por su honestidad, transparencia, capacidad y sobre todo sin vicios politiqueros y sin obediencia caudillista.

El autor es veterinario.

Editorial
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