Abelardo Morales [email protected]
No enseñan el agua tibia, ni don Oscar ni don Mario, uno Arias y el otro De Franco. Ambos tienen razón, en parte uno, sobre la falta de respuestas reales de la Administración Bolaños a los problemas de Nicaragua y, el otro, sobre las aspiraciones políticas de reelección en Costa Rica.
Las recetas de corto plazo como las que propone don Oscar, no han servido mucho en Costa Rica y muy posiblemente no servirán demasiado en Nicaragua. Pero cierto es que Nicaragua no puede esperar veinte, mucho menos veinticinco años, para ver los resultados de la lucha contra la pobreza, ni tampoco se pueden esperar los resultados mañana, ni la próxima semana.
Esto tiene implicaciones tanto para Nicaragua como para Costa Rica que es el destino de casi medio millón de mujeres y hombres de todas las regiones, pero del segmento poblacional más productivo de Nicaragua. El mercado laboral tico está saturado, y los nuevos inmigrantes en esta “tierra de oportunidades”, topan con una dura realidad: desempleo o empleos muy precarios, asentamientos inhabitables, elevado hacinamiento y carencia de servicios, violencia y vulnerabilidad de todo tipo. Los nicaragüenses parecen conformarse con esas condiciones que en Costa Rica se miden como extrema pobreza. No se puede negar la existencia de actitudes xenofóbicas en Costa Rica, pero la percepción del tico medio, es que el Gobierno de Nicaragua no hace nada por los suyos, ni en Nicaragua ni en Costa Rica.
Este tema ha estado ausente de la agenda política en Nicaragua, en la escala nacional y en la local, tanto en el Estado como en las ONG y en la sociedad civil. No hay una sola mención, ni acción en ese sentido dentro de los programas para la superación de la pobreza; y las alcaldías no saben o no tienen cómo encarar los problemas que la emigración les hereda. Las familias, con una sobredosis de imaginación y sacrificio, están demostrando su enorme capacidad de respuesta, y aportan con sus emigrantes el equivalente al 22 por ciento del PIB en remesas.
Mientras tanto, la población nicaragüense no le exige al Estado nicaragüense nada extraordinario cuando protesta, sino tan sólo que haya presencia institucional en la provisión de servicios sociales mínimos, seguridad y solidaridad social. Esa es la esencia de un conjunto de compromisos que la administración Bolaños ha firmado con los campesinos de Matagalpa, o con los municipios de León y Chinandega Norte. Constituye una obligación para hoy, mañana y la semana entrante, pero también para los próximos veinte años. La percepción de muchos nicaragüenses es que el Estado no les cumple ni siquiera en eso tan básico.
Cuesta imaginar hasta dónde pueda extenderse la capacidad de aguante de esa población. Es claro que las estrategias de supervivencia de los individuos y las familias tienen un límite, y que hoy esas respuestas no encuentran eco en los actos de la clase dirigente, sus líderes políticos y empresariales.
Mientras no haya posibilidades de entendimiento y una transformación básica de la cultura política, ese estado de cosas continuará y empeorará. Es básica la suscripción de un contrato social teniendo en cuenta los intereses de la población, no el reparto del poder con base en pactos políticos elitistas; es decir, un acuerdo social en torno a un nuevo modelo productivo e institucional incluyente. Eso es indispensable en Nicaragua para generar confianza entre la población, y también como paso para recomponer las relaciones con sus vecinos, y enfrentar los desafíos de su entorno exterior.
Esas son parte de las responsabilidades específicas de cada sociedad y sus respectivos Estados; pero también hay otras que en el concierto de interdependencia global forman parte de los desafíos del desarrollo compartido, entre países vecinos y de una misma región. También los líderes políticos, empresariales y sociales de ambos países deberían retomar esta agenda, sin los prejuicios patrioteros que han impedido ver más allá de su respectiva frontera, que desde cualquier ángulo es la misma.
Esperaba que esa oportunidad se abriera con la jocosa amistad entre nuestros presidentes, pero parece que no. Por el contrario, el más reciente encuentro presidencial nos dejó un sabor amargo y una agenda binacional más incierta de lo que estaba.
El autor es sociólogo costarricense, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
