Sapjha Hamad [email protected]
Según el anuario estadístico de la Policía Nacional (2002) la cifra de delitos contra la vida durante ese período en Nicaragua fue de 567, lo que representa una tasa de 11 casos por cada 100 mil habitantes. Esto ubica al país como uno de los menos peligrosos de la región, muy por debajo de los índices que tiene Brasil y México, con un 17 por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo un dato del anuario estadístico que debe preocupar es que, de los delitos cometidos durante el año 2002, el 46.6 por ciento fue ocasionado por hombres desempleados, lo que evidencia una relación directa entre la falta de empleo y la comisión del delito lo cual no es fenómeno exclusivo de nuestro país sino de aquellas naciones que han venido sufriendo los resultados de los planes de ajustes, políticas económicas, caída de los precios internacionales de los productos agrícolas y otras razones ampliamente conocidas.
Una mayor estabilidad económica, seguridad jurídica, Estado de Derecho, calidad en su educación, recursos humanos capacitados y otros factores, es la base necesaria para generar inversión pública y privada, nacional y extranjera que tanto necesita el país para generar empleo y ayudaría a disminuir el dato antes señalado.
El fin de los grupos armados, la solución a los problemas de la propiedad, los avances en la vida democrática, sumados al bajo promedio de delitos contra la vida son condiciones que mejoran la imagen internacional del país y lo que los economistas llaman el índice de “riesgo país”, que coloca a Nicaragua como uno de lo países más seguros de la región.
Este privilegio, sin embargo, parece deteriorarse rápidamente por el incremento de hechos de violencia en los que va del año, provocado por enfrentamientos de pandillas en los barrios de la capital, en algunos departamentos y rencillas de familias campesinas por diferentes situaciones.
Urge entonces enfrentar con mayor rapidez este problema, por lo que resulta importante reconocer el esfuerzo de la Policía de crear una oficina de atención a la juventud que ayude a disminuir el incremento de estos índices y dar más seguridad social en los barrios, comarcas, municipios y departamentos.
La labor de prevención no sólo debe ser de la Policía, sino también de los sectores relacionados con salud, educación, ambiente, justicia, tránsito, defensa civil y otros que son vitales para seguir manteniendo los niveles de seguridad ciudadana, de los cuales hay que sentirse orgullosos.
La autora es directora de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación.
