Julio Ruiz Quezada*
Hay cuestiones en materia económica que no entendemos los profanos y de nada sirven las explicaciones de los economistas, que por ser técnicas y eruditas son incomprensibles para la mayoría del pueblo.
Planteo el caso: Los EE.UU. viven en una democracia económica y política y están preocupados porque tienen una tasa de desempleo que oscila entre el siente y el diez por ciento. Nicaragua es también una democracia y tiene una tasa de desempleo de casi el 40 por ciento. Ante el problema ambas naciones llamaron a sus mejores expertos y después de profundos estudios económicos, los técnicos de los EE.UU. aconsejaron a su presidente reducir los impuestos. En cambio los expertos de aquí aconsejaron al presidente aumentar los impuestos.
Ya los legisladores norteamericanos redujeron los impuestos en la bicoca de 350,000 millones de dólares. En Nicaragua los diputados dictaron la Ley 453, que aumenta los impuestos, y con ella piensan incrementar las recaudaciones en este año en la cantidad de 6,719 millones de córdobas.
Yo escuché a los demócratas con quienes participé en la lucha contra el estatismo sandinista de los años 80, manifestar infinidad de veces que la libertad económica es la principal libertad, porque de ella dependen las demás. Infinidad de veces los escuché abogar, portando como breviario el libro Camino de servidumbre de Hyek, por el Estado de Derecho y atacar duramente al sandinismo que por decretos todos los días cambiaba las reglas del juego.
Ahora la mal llamada Ley de Equidad Fiscal no sólo cambia en algunos casos las reglas del juego, sino que muchas de sus disposiciones violentan la Constitución de la República y en todos los casos reduce el circulante en manos de los empresarios, impidiendo la creación de nuevas fuentes de trabajo. Cabe entonces preguntarse: ¿Por qué un gobierno democrático actúa contra la libertad económica y la economía de las empresas?
La respuesta sólo es una: El Ejecutivo, al no contar con el respaldo parlamentario, se ha convertido en rehén del FSLN.
El presidente envió su ley de presupuesto y sandinistas y liberales respetaron el techo pero no respetaron el piso. El dinero destinado para pago de la deuda interna y servicio de la externa fue desviado para otros fines, lo que significaba incumplir compromisos firmados con los organismos multilaterales y ser eliminados de la iniciativa HIPC. El presidente hizo lo correcto, vetó la Ley de Presupuesto para que la Asamblea lo aprobara y negoció con los sandinistas que se aprovecharon y consiguieron que se dictara la Ley 453.
Si el actual Gobierno quiere tener el éxito que prometió en su campaña, está obligado a conseguir que Nicaragua entre en la iniciativa HIPC. De lo contrario se caerán todos sus proyectos de inversión y de beneficio social, agregando que la falta de dinero fresco, más la nueva Ley 453, impedirán la inversión y habrá menos capital para crear fuentes de trabajo.
Además de todo hay que analizar el impacto político que se ha producido con la profunda división del otrora poderoso PLC. Los sandinistas aseguran desde ahora que el próximo gobierno será sandinista, y si es así, la Ley 453 y su reglamento se convertirán en las nuevas leyes confiscatorias.
* El autor es directivo del Partido Conservador
