Guillermo Miranda*
El pasado 27 de junio se cumplió un aniversario más de la desmovilización de la Contra. A trece años de dicho acontecimiento me duele ver todavía a la mayoría de veteranos de ese enorme ejército de campesinos que en su momento fue la mayor y mejor organizada guerrilla en Latinoamérica.
Hasta la fecha no creo que exista una sola persona que no reconozca que ese ejército de campesinos fue el que hizo posible el retorno de Nicaragua a la democracia. Cuántas cosas se pudieron haber hecho por ellos y no se hicieron. Creo que la primera responsabilidad de proteger a esos veintiséis mil héroes durante el desarme correspondía a la cúpula política de la Resistencia, luego a los comandantes que quedaron al frente de la desmovilización.
Desgraciadamente los primeros tenían demasiada prisa en participar en el proceso político que se gestaba. Todos consiguieron diputaciones o jugosos cargos en el nuevo gobierno y muy poco les importó la suerte que corrían los desmovilizados. Los segundos no estaban preparados para la tremenda responsabilidad que asumieron. Pero no es mi propósito lamentarme y mucho menos culpar a nadie, pero sí, creo que aún es tiempo de devolver la dignidad a esos miles de hombres y mujeres que con sus familias deambulan a lo largo y ancho de nuestra Patria arrastrando su miseria sin ninguna esperanza.
Creo que a trece años es tiempo de hacer un alto en el camino de las promesas y comenzar a cumplirle a esos hombres y mujeres que creyeron en los compromisos de la comunidad internacional y en las promesas de un presidente recién electo, pero ya van tres presidentes y las promesas no se cumplen. En consecuencia creo que es el momento de retomar esos compromisos y desde posiciones cívicas pero con la energía que siempre ha caracterizado a los miembros de la Resistencia, tratar de convertir en ley de la República todos y cada uno de los acuerdos de desmovilización e incorporar en ellos a los desmovilizados del Ejército y Gobernación.
Las cifras son dramáticas. Existen más de cincuenta mil discapacitados, más del noventa por ciento de los desmovilizados no tiene empleo, jamás se ha realizado un esfuerzo serio por insertarlos a la sociedad, no existe un hospital para tratar sus rehabilitaciones, las pensiones que se asignaron a los discapacitados son una burla pues el promedio es de cuatrocientos córdobas para alguien con incapacidad total. Y no estoy hablando de unos cuantos miles. Entre los miembros de la Resistencia, sus familiares y los desmovilizados del Ejército con sus familias, son nada menos que cerca de medio millón de seres humanos. No se les debe seguir ignorando ni aprovechando sólo cuando se les necesita para propósitos políticos.
No creo que la Resistencia necesite un día de asueto nacional, ya hay muchos. Pero sí considero que ha llegado el momento de convertir en ley los compromisos contraídos por tres presidentes, y todos juntos, contras, ex miembros del Ejército y desmovilizados de Gobernación, convertir en ley esos compromisos. Esta reivindicación será una realidad únicamente si se trabaja unidos por hacerla posible. Por mi parte prometo que convertiré en un apostolado la creación de la comisión por una ley de desmovilización, sin distingo político. Ese día los muertos de ambos bandos descansarán en paz y los hermanos vivos recuperarán su dignidad.
* El autor es directivo nacional del PRN.
