Margarita Trejos Gutiérrez
Pareciera que la polarización que vive Nicaragua se acentúa más cuando se habla de reformas a la Constitución Política y a los poderes del Estado, pues los actores políticos que se expresan a favor de las reformas, y la contraparte, también se ponen de acuerdo en que las reformas son necesarias… pero, al final la población termina confundida.
Es conveniente superar el síndrome de “don me opongo”. Es hora del consenso social, de analizar la viabilidad de las propuestas, de adecuarlas tomando en cuenta nuestra realidad, conociendo el texto y la proyección que éstas tienen a nivel nacional e internacional
El derecho no es ajeno a las crisis, a los avances, a las dificultades que vive la sociedad, no lo ha sido en el pasado ni lo es ahora. Es por medio de esta disciplina que nos podemos dar cuenta del desarrollo del pensamiento, de las pugnas y las formas que alcanzaron para arribar a un estadio superior. El derecho es un medio para legitimar o desaprobar lo que acuerdan las autoridades tanto en el orden nacional como internacional.
Las propuestas pueden ser muy elegantes, llenas de mucho entusiasmo y buenas intenciones, sacadas de una real maravilla, pero habrá que saber si tienen respaldo cultural, sí están dentro de los proyectos de los organismos internacionales, si tienen sustento económico y si en la realidad nicaragüense son viables políticamente (partidos políticos).
Los cambios en el Poder Judicial son urgentes, algunos de ellos están en marcha o ya se hicieron, como lo expresara la doctora Alba Luz Ramos en la revista Justicia, No. 27 página 11. Otras deben ser parte del acuerdo social para que gocen de legitimidad y evitar que constantemente los perdedores se alcen con las propuestas descartadas, creando una opinión adversa a los esfuerzos unitarios que demanda el país.
Los partidos políticos parlamentarios y extraparlamentarios, los poderes del Estado, las organizaciones sociales, las iglesias, las fuerzas armadas (como observadores) deben asistir a un debate nacional para proponer, analizar y llegar a acuerdos que nos indiquen el tipo de Estado que queremos, las instituciones nuevas a crear y las que aún tienen vigencia.
Para ese debate planteo las interrogantes siguientes: ¿Se debe cambiar el número de magistrados de la CSJ o es necesario un cambio en las formas de administrar la justicia, o las dos cosas? ¿Es necesaria una ley de mediación para la administración, sin privilegios? ¿Se necesita una ley de procedimiento para realizar las gestiones públicas? ¿Hace falta la aprobación de la Ley de lo Contencioso Administrativo, sustituyendo la Ley 350 enviada por la CSJ a la Asamblea Nacional?
Es conveniente una ley de acceso ciudadano a la información del Estado. Es urgente una ley de ética del servidor público que entre otras cosas contemple que ningún corrupto sea candidato ni a Presidente, diputado, magistrado, presidente de los poderes del Estado, de los entes autónomos o descentralizados. Es urgente la aprobación de la Ley de Carrera Judicial. Eso no admite discusión.
Quizás resultaría más provechoso que sea el Poder Judicial que llamara al debate nacional para conocer las reformas, en donde participen: partidos políticos, facultades de derecho, organizaciones estudiantiles de la carrera de derecho, jueces, sindicatos del Poder Judicial, asociaciones de abogados, profesionales del derecho prominentes y representantes de los usuarios del servicio.
La autora es abogada y master en administración pública.
