Sergio J. Cuarezma Terán
Nicaragua vive la contradicción de aspirar a profundizar su sistema democrático, mientras los operadores políticos no se atreven a renunciar a la manipulación del Poder Judicial. La semana pasada, la Asamblea Nacional o bien, los partidos políticos (dos con mayoría parlamentaria) seleccionaron, eligieron y renovaron el mandato de varios magistrados, nueve en total. Lamentablemente los líderes políticos creen “en los jueces amigos o en los amigos jueces”, como dice el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Eugenio Raúl Zaffaroni. Las personas elegidas para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, no son el problema. En algunas de ellas destacan buenos profesionales, por ejemplo la profesora y doctora Ligia Victoria Molina Argüello, colega docente en la Universidad Americana (UAM). Excelente profesional y mujer de carácter, en varias ocasiones observé su resistencia ante el “sistema”. No creo que cambie. El problema es la tentación del poder por controlar la cúpula del Poder Judicial, los mecanismos para ello son perversos: selección y elección vertical de candidatos. La estructura del Poder Judicial, por regla general, responde a esquemas de designación partidista de todos los jueces o de sus cúpulas; el tribunal supremo ejerce un poder verticalizante casi ilimitado; cualquier tendencia independiente entre los jueces puede ser neutralizada desde los vértices fuertemente partidizados. El resultado es un desafortunado espectáculo del Poder Judicial poco prestigiado, en el que la sociedad nicaragüense no confía.
Para el profesor Zaffaroni, es inútil atribuir estos problemas a defectos de personas o gobiernos: para él, y con razón, su única causa son estructuras en que el Poder Ejecutivo y en alguna medida menor el Legislativo —pero siempre los poderes partidistas—, controlan a las cúpulas judiciales y éstas controlan a sus inferiores (o bien los primeros controlan directamente a todos). En cualquier caso se lesiona la independencia externa del Poder Judicial (esto es, su independencia respecto de otros poderes del Estado) y la independencia interna de los jueces (o sea, la necesaria independencia del juez respecto de los órganos colegiados del propio judicial). Ambas lesiones son gravísimas: la primera usualmente por escandalosa y descalificante; la segunda, por reducir al juez a un empleado de los órganos supremos, es tan grave como la anterior, aunque por cotidiana suele ser más deteriorante.
Mientras no exista decisión política (Poder Ejecutivo, Legislativo) no es posible construir un Estado democrático y social de derecho y un aspecto elemental de esa decisión es la estructuración del Poder Judicial sobre una base democrática. Sin justicia independiente, el Estado de Derecho se degrada a Estado de policía, con el consiguiente costo para la seguridad jurídica, porque esta última es condición para el desarrollo económico y humano.
Cuando quienes ejercen el poder político o financiero se sienten inmunes porque controlan a la justicia, incurren, como dice el profesor argentino, en una terrible hipocresía pero al mismo tiempo en una enorme ingenuidad: dejan de contar con el tiempo que nos enseña que el poder y el dinero pasan rápido de manos. Esto recuerda un poema argentino en el que un gaucho da consejos, y uno de los más certeros dice: “Naides se sienta seguro aunque en el estribo esté, que el gaucho más precavido se suele quedar de a pie”.
El autor es catedrático de Derecho Penal y Criminología.
