Freddy Potoy [email protected]
Quienes vivieron en carne propia los efectos de la dictadura somocista, y luego los que experimentamos la soberbia del régimen sandinista en la década de los 80, empezamos a cultivar esperanzas que Nicaragua avanzaría a partir de 1990.
Es innegable que los que ostentan el poder ya no alientan prolongadas e injustas guerras en las que mandaban como carne de cañón al mismo pueblo. Esto no debería ser algo digno de resaltar, pues seres más racionales habrían entendido que Nicaragua urgía de algo parecido.
Aunque la guerra se acabó, desgraciadamente la clase política nicaragüense le sigue causando serios daños al país en todos los aspectos. Los destellos de progreso en materia de transparencia en la administración pública, no pasan de ser simples espejismos, pues los megasalarios continúan, el nepotismo se mantiene y el amiguismo es condición necesaria para mantener asesores con salarios astronómicos en el Estado; el concepto de Estado-botín no ha cambiado.
Hay una Policía que además de haber cambiado el uniforme, sólo en algunas cosas ha avanzado, pero todavía tiene jefes policiales incapaces y que se molestan porque les digo la verdad por escrito y en su cara. Nicaragua es tan desafortunada que tiene un Parlamento convertido en refugio de políticos indeseables, que varios de ellos han incurrido en actos deleznables y cuando se les exige que respondan ante la justicia, sencillamente se amparan en la impunidad.
Imaginen una Contraloría reducida a un simple monstruo que genera grandes gastos al Estado al mantener a cinco contralores cuyas funciones quedaron relegadas por las facultades que tiene el Código Procesal Penal.
Pero la peor decepción que uno se pueda imaginar es ver una vez más a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), convertida en lo que siempre he llamado un gigantesco bufete jurídico del FSLN y del PLC. El cinismo de los magistrados es impresionante cuando dicen que no se deben a un partido político, sino a la Constitución, pero resulta que antes de ser elegidos hasta “le venden la vida al diablo” para ostentar el apetecido cargo. Y el diablo en este caso es Daniel Ortega o Arnoldo Alemán y punto, se acabó. Es por ellos que respiran los magistrados.
¿Qué se puede esperar de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía General de la República de Nicaragua? Sigo esperando que la Fiscalía acuse a los policías corruptos de Bluefields. Ojalá la Fiscalía no haya cedido a las pretensiones mal sanas de los jefes policiales que siempre han querido tapar las zanganadas de sus colegas.
El problema de la propiedad es cuento de no acabar, los impuestos gravados a los asalariados, a los comerciantes y empresarios siguen subiendo, así como el costo de la vida.
Encontrar una propuesta de solución a los problemas en Nicaragua es como pretender que los políticos corruptos cambien de hoy para mañana, pues ellos mismos se encargan de obstaculizar o destruir cualquier avance.
