Gabriel Álvarez Argü[email protected]
Presumiendo la buena fe o la ignorancia auténtica de los aludidos, me parece importante comentar algunas declaraciones hechas recientemente por altos personeros y militantes destacados de los partidos Frente Sandinista y Liberal Constitucionalista, en relación con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los diputados sandinistas más experimentados negó que la necesidad de negociar con el Partido Liberal la elección de magistrados sea una reedición del pacto libero-sandinista, y culpó al presidente Bolaños por no conseguir los dieciocho votos que, sumados a los treinta y ocho rojinegros, permitirían elegir “al margen del arnoldismo”.
Es bueno constatar que la necesidad de 56 votos para elegir magistrados no sólo es un mecanismo constitucional ineludible, sino también generalizado en el contexto de los regímenes políticos democráticos. También podría admitirse que en las actuales condiciones políticas no parecen viables unos acuerdos como fueron diseñados y ejecutados en el año 2000. En este sentido, pues, hasta podrían asumirse como sinceras las declaraciones que niegan la existencia de cualquier “pacto” para elegir a los magistrados. Pero esto no significa eximir a los diputados de su obligación de aprovechar esta oportunidad para ir creando las condiciones que permitan superar la partidización judicial que el propio líder máximo sandinista ha reconocido en distintas ocasiones.
Sin embargo, no tiene razón el diputado si lo que quiere decir es que no se podrán escoger los candidatos idóneos y habrá que resignarse con “los menos idóneos” por el hecho de que sólo con el PLC logran los 56 votos. Y es que también el vocero del partido liberal dijo que no quisieran negociar con los sandinistas, pero están obligados a hacerlo pues con las otras bancadas no logran los votos suficientes para elegir a los magistrados idóneos. La solución parece fácil: sandinistas y liberales deberían juntar sus votos para hacer lo que dicen que quisieran hacer si otras bancadas les aportaran los votos necesarios para tomar la mejor decisión. Nada se los impide.
Pero aunque otras bancadas tuvieran esos votos sería incorrecto dejar al margen a liberales o a sandinistas, porque lo apropiado es escoger entre todos a los más calificados, honestos e independientes, sin importar sus posibles afinidades políticas o ideológicas. En fin, no se trata de evitar un “repacto” que tal vez ni siquiera se busca, sino de evitar una decisión que prolongue la perversión de las instituciones estatales, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, por integrarlas con criterios excesivamente partidistas tal y como sucedió a raíz de las reformas constitucionales del 2000. Si actualmente no se puede hacer con todas las vacantes, sí debería de hacerse, al menos, con una parte de ellas para ir avanzando gradualmente hasta su completa despartidización.
Por su parte, a una diputada muy cercana al liderazgo liberal no le ha bastado con decir que la repartición de magistrados con los sandinistas es un derecho adquirido, sino que exige que los propios diputados no opinen sobre los candidatos que lleve el partido contrario y que se elijan porque sí. ¿Habráse visto tanto desconocimiento de cómo funciona un Estado democrático? Esto es llevar la partidización del Poder Judicial hasta la superstición.
Debe entender la señora diputada que no van a elegir a los miembros de sus respectivos comités disciplinarios partidarios, sino a magistrados para toda la nación. Y ella tiene el privilegio de participar en esa elección en tanto representante de los intereses del pueblo, y si se exigen cincuenta y seis diputados es para tratar de asegurar una mejor decisión y no como mecanismo de confabulación reforzada para elegir a los más adeptos de quienes logren los votos suficientes. Si la integración de la Corte Suprema debiera ser reflejo de la composición política parlamentaria, los magistrados serían electos directamente por el pueblo y no por los diputados. Si no son electos por el pueblo es porque ese reflejo no sólo es innecesario, sino también indeseable. Con su modo de pensar terminaría de convertir uno de los cargos más dignos y honrosos —la magistratura judicial— en un indicio de “ser sospechoso hasta que no se pruebe lo contrario”.
Por otro lado, se ha dicho que la preocupación ciudadana por procurar la mejor elección de los magistrados es en realidad de sectores ligados a los medios de comunicación o a grupos de poder económico. Realmente parece poco probable que para las grandes mayorías el tema judicial ocupe la máxima prioridad. Éste es un tema relativamente técnico y lógicamente los problemas como el desempleo, la inseguridad ciudadana y la miseria, entre otros, son más urgentes para la población. Pero eso no significa que haya que aprovecharse oportunista y dolosamente de esta triste circunstancia para continuar haciendo desmanes en las instituciones, ni deslegitima a los interesados, por pocos que fuesen, en evitarlo. Además, las encuestas indican claramente que existe un grave desprestigio de las instituciones hiperpartidizadas, como los Poderes Judicial y Electoral, y que es necesario empezar a recomponerlos.
Si hubo buena fe o genuina ignorancia por parte de los diputados aludidos, espero haber contribuido al debate aunque sea de manera muy modesta. Pero si por el contrario, se trata de “justificaciones” para perpetrar una elección ya decidida, entonces no he dicho nada.
El autor es profesor de Derecho Constitucional en la UNAN-León.
