Roberto Porta Có[email protected]
Desde que el Presidente Enrique Bolaños acuñó la frase “Nueva Era” para designar el período que iniciaba en Nicaragua con su gestión presidencial, el término ha suscitado reacciones variadas, ha creado expectativas de toda índole e incluso ha atraído acepciones inesperadas.
Es cierto que aún no existe un documento que defina exactamente el significado de la Nueva Era del presidente Bolaños, por eso, mientras alguna definición oficial aparece, valdría la pena analizar lo que definitivamente NO es la Nueva Era.
La Nueva era no es una secta misteriosa donde los ministros encienden velas para invocar a un ser de varias cabezas y consultar la astrología. La Nueva Era no tiene ninguna connotación religiosa. Ninguna. Del todo. Cero. Es sencillamente la Nueva Era de Nicaragua. El nexo que algunos medios de comunicación intentan adjudicarle con un movimiento religioso internacional del mismo nombre, no es más que la réplica agria de esos medios a la suspensión de sus privilegios publicitarios.
La Nueva Era no es una avalancha de empleos automáticos en el Estado. Cuando se habló de crear empleos, nunca se insinuaron empleos en el Gobierno, sino de empleos productivos, generados en el sector privado. Ya Nicaragua ensayó la fórmula del Estado-Empleador en el pasado, con resultados desastrosos.
La Nueva Era no es la inauguración desenfrenada de obras, fuera de toda planificación presupuestaria, sin importar que se embargara el futuro financiero del país y que “alguien” las pague en el futuro. Se trata de palabras, no de aplausos. Se trata de obras, no deudas.
La Nueva Era no es la insinuación de coimas para expeditar licitaciones de beneficio para “todos”, sino la solicitud transparente de ipegües, en beneficio de los proyectos responsablemente presupuestados, programados y ejecutados.
La Nueva Era no es la complacencia con aquéllos que intentan manosear la Ley de Contrataciones del Estado y han convertido las impugnaciones en un deporte nacional, donde “si no gano yo, no gana nadie”. La aplicación integral y vigorosa de la misma Ley está siendo el mecanismo que evitará que el progreso se atrase hasta dos años por culpa de unos malos perdedores.
La Nueva Era no es la tolerancia disfrazada de incentivo para aquellos “microempresarios” que esconden sus obligaciones tributarias en el tumulto, sudor y desorden de la economía informal. No parece aritméticamente plausible que los empresarios honestos que sí cumplen con el fisco sean aventajados en las calles por las lujosas camionetas que manejan algunos “microempresarios” de los mercados capitalinos.
La Nueva Era no es una humildad ficticia en la que los funcionarios públicos abandonan las normas elementales de presentación y comportamiento para arroparse en atuendos y actitudes inconsistentes con su investidura pública. La eficiencia, honestidad, cortesía y vocación de servicio que deben distinguir a un funcionario público no se nutre ni de trajes Armani ni de cotonas. La austeridad redunda en beneficios tangibles al contribuyente. La mala apariencia, las chabacanadas y las instituciones desordenadas, no.
La Nueva Era no es un club exclusivo para intelectuales, académicos y eruditos. A veces los bachilleres ingeniosos son más beneficiosos para la función pública que los ingenieros con maestrías y “contactos”.
La Nueva Era no es la vara mágica con que se solucionarán todos los problemas del país. No se resolvieron durante la administración Chamorro, ni tampoco durante la administración Alemán. Los problemas de Nicaragua son tan profundos que probablemente se necesiten cuatro gobiernos sólidos consecutivos para poder dejar atrás parte de nuestro subdesarrollo.
Finalmente, la Nueva Era no es un producto terminado. Con menos de la mitad de su período agotado, la actual administración no pretende haber cumplido la totalidad de sus promesas. Se cumplan o no, será tarea de las futuras administraciones continuar los cambios institucionales que requiere Nicaragua, de lo contrario estaríamos limitando el proceso —no a una era— sino a un simple quinquenio de sanas intenciones.
El autor es director Ejecutivo de Inatec.
