Fanor Avendaño [email protected]
En los últimos años no se ha debatido con tanta insistencia la elección de las actuales y futuras vacantes de los magistrados a la Suprema Corte.
En parte es de considerar la gran importancia que hoy día de tener en el más alto tribunal a los hombres y mujeres que respondan a las expectativas de la nueva realidad nicaragüense. El señor Presidente de la República en base a sus facultades constitucionales ha tratado de incidir para que la Asamblea Nacional elija a magistrados que fortalezcan la institucionalidad y enrumbarse a la despartidización de tan importante Poder del Estado.
¿Quiénes serían los grandes ganadores con este planteamiento del Presidente de la Nueva Era?
En primer lugar el pueblo en general y la institucionalidad del Estado, pues se estaría avanzando en la modernización del mismo. Otros grandes ganadores serían los dos partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional, el PLC y el FSLN, los cuales, al enviar al país un mensaje contundente de fortalecer el estado de derecho, se estarían garantizando como instrumento partidario una cuota necesaria de credibilidad.
No se puede descalificar la capacidad profesional de los candidatos propuestos. Es más, no se trata de eso ni de personalismos, pues si en eso me basara hay ciertos cuestionamientos en las diferentes listas propuestas. Muy por el contrario, el espíritu que debe prevalecer es el que ha planteado Su Eminencia, cardenal Miguel Obando, cuando expresó los tres elementos básicos para ser electo a la magistratura: idoneidad profesional, honestidad y transparencia. Esto, dice el prelado, garantiza resistirse a los más grandes cañonazos.
El Presidente de la República ha superado satisfactoriamente la primera etapa de esta gran jornada cívica, cual es la voluntad demostrada por los diputados a la Asamblea Nacional y sus líderes políticos de no demorar la elección de magistrados, o sea no caer en la omisión constitucional.
Pero está por delante el reto de persuadir, sin invadir las facultades de cada Poder, en la necesidad que demanda la sociedad nicaragüense de tener un Poder Judicial cada vez más profesional y que apunte en una dirección no partidaria. Esto sentará las bases para las tareas inmediatas en el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, por ejemplo:
Primero, crear las condiciones para que paulatinamente se vaya reduciendo su número de integrantes. Esto puede ser que de una forma constitucional a los que se les venza el período no sean repuestos hasta alcanzar un número adecuado, lo cual pasa necesariamente por un acuerdo de consenso nacional. Segundo, preparar un proyecto de ley para resolver por medio de árbitros los conflictos de obligaciones y contratos de carácter civil. Tercero, reforma integral del Código Procesal Civil. Cuarto, elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de manera rotativa, lo que es posible lograr a lo inmediato con el consenso de la Corte en pleno.
El Poder Judicial es la vida jurídica del Estado y la sociedad no puede estar a merced de un grupo de poder o partidos. Tiene que trascender a las estrategias y tácticas coyunturales, el momento histórico lo exige, la ciudadanía demanda una nueva forma en la actuación pública de los liderazgos políticos. La comunidad internacional requiere que avancemos en aspectos de políticas de Estado, la Asamblea Nacional está obligada a responder a estas expectativas. El reto está planteado, deciden los señores y las señoras del Parlamento.
El autor es abogado y notario.
