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Un importante debate se ha producido en las últimas semanas en relación a la eficacia o no de los tribunales de jurado, siendo el criterio de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, que existe la necesidad de reformas a esta institución, criterio que expuso en un reciente debate sobre seguridad ciudadana señalando que hay que ajustarla a los nuevos tipos penales, haciendo énfasis en la importancia de la seguridad jurídica pero aclarando que esto no es sinónimo de seguridad ciudadana.
El alcance del significado de seguridad ciudadana por la novedad que implica comprende no sólo la seguridad jurídica, sino la seguridad personal y la aplicación de una serie de políticas que son el reflejo de la institucionalidad y la gobernabilidad de un país.
Seguridad ciudadana tiene que ver con los resultados de la lucha contra la pobreza, el desempleo, la aplicación de las políticas de población, políticas ambientales, etc. así como también la seguridad jurídica, que no es más que la garantía que deben gozar los ciudadanos en la aplicación justa y equitativa de las leyes, y por supuesto, la seguridad personal que tiene que ver con la prevención y combate del delito por parte de los responsables de la misma, etc.
El ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, ha advertido que hay señales de deterioro en los niveles de seguridad ciudadana en Nicaragua por el incremento de la actividad delictiva en todas sus formas y expresiones, y que se requieren medidas claras generales para mantener a Nicaragua en los lugares privilegiados que en este sentido aún tiene en América Latina.
La necesidad de fortalecer el sistema judicial que está imperativamente subordinada a la despolitización y profesionalización que en gran parte se obtendrá con la aprobación de la carrera judicial, es una de las medidas que generaría más confianza en este Poder del Estado, así como fortalecer la participación ciudadana en la administración de justicia que se da en los tribunales de jurados y donde se hace necesario no sólo una reforma en la aplicación de determinados delitos, sino una real selección de las personas que lo integran.
Si bien es cierto que seguridad jurídica no es lo mismo que seguridad ciudadana, en la medida que los nicaragüenses tengan más confianza en los tribunales de jurados y en la sana administración de justicia, abonará en el concepto de seguridad ciudadana que con tanto mérito se ha venido ganando, y que a su vez estimula la inversión nacional y extranjera que tanto se necesita. Esto es parte de la solución de la pobreza y el desempleo que con el apoyo y consenso de todos los nicaragüenses se podrá superar en aras de tener un país más estable y más seguro.
La autora es vocera del Ministerio de Gobernación.
