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La actitud de los alcaldes, que la semana pasada ignoraron la invitación a un seminario sobre el futuro del Lago Cocibolca, o llegaron y al poco tiempo se retiraron, es una muestra de cómo las autoridades nicaragüense suelen tratar los asuntos relacionados con los recursos naturales del país.
Da la impresión que lo más importante tiene que esperar, porque en los ámbitos políticos primero hay que asegurar lo de interés particular, ya sea crear un nuevo partido o sellar un nuevo pacto con adversarios para ganar influencias.
Que le caiga más basura o desechos industriales al Gran Lago, es algo que puede esperar, según esa lógica, porque ya vienen las elecciones municipales que son más importantes.
En octubre del año pasado, los alcaldes de los municipios de la cuenca del Gran Lago de Nicaragua firmaron una declaración, comprometiéndose a respaldar los programas de protección y aprovechamiento del Cocibolca, una masa de agua dulce en un área de más de ocho mil kilómetros cuadrados.
Sin embargo, cuando el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA) invitó a más de 30 alcaldes para que se reunieran en Granada con expertos en asuntos del agua, menos de la mitad de ellos asistieron a la inauguración y luego desaparecieron sin avisar.
Al comenzar el segundo día de sesiones, en un auditorio dispuesto para 120 invitados, sólo había unas 20 personas. A los alcaldes no les interesó la crisis del lago, a pesar de que perjudica a los habitantes de sus municipios, que hasta podrían llegar a sufrir por un poco de agua.
¿Quiénes, entonces, promoverán en los municipios la protección de las fuentes de agua? Si las autoridades municipales dan la espalda a los problemas ambientales, es menos probable que el Gobierno Central trate de solucionarlos.
Es lo que ha sucedido con otros problemas, como el de la madera. Sólo hay 120 inspectores en Nicaragua para cuidar tres millones de hectáreas de bosques. En teoría, cada inspector custodia un promedio de 25 mil hectáreas.
Esos datos que reveló el Ministro de Agricultura y Recursos Forestales, Augusto Navarro, muestran con claridad la incapacidad del Estado nicaragüense para proteger los bosques de los depredadores y de los traficantes de madera.
Pero además de tener pocos vigilantes, existen indicios fuertes de que algunos funcionarios estatales, de distintas dependencias, están implicados en los negocios ilícitos con maderas preciosas.
“Hay mucho que investigar” y “ojalá que todos los culpables logren tener castigo”, dijo el ministro.
En consecuencia Nicaragua pierde al año más de 100 mil hectáreas de bosque, por la explotación de maderas preciosas y la migración de miles de campesinos que van botando árboles de las montañas para crear nuevas parcelas agrícolas.
Aunque el Gran Lago pierde agua y traga suciedad, la población aledaña podría, con educación y respaldo económico, ayudar a recuperarlo. Sólo que dependerá de los alcaldes, motivarla y atraer la inversión, antes que sea tarde.
