Manuel A. Román Lacayo*
Suele suceder que cuando digo que soy arqueólogo y antropólogo se hacen observaciones y preguntas sobre la cultura material, la vasija que alguien posee, o que en la finca de un familiar encontraron tal cosa, a veces con la idea que tal vez esa pieza complete el rompecabezas de la prehistoria. El mito del arqueólogo perdura, como en las películas de Indiana Jones y Lara Croft. Aunque nuestra interpretación del pasado dependa primordialmente de la cultura material, y muchos arqueólogos son verdaderamente historiadores del arte, para un arqueólogo antropológico cada objeto de por sí no arroja mucha información. Solamente a través del conjunto de aspectos más amplios podemos entender las sociedades extintas.
Por su alto valor estético la cultura material precolombina es muy deseada por los coleccionistas. En Nicaragua los objetos patrimoniales más reconocidos son la cerámica, los útiles y estatuas de piedra, objetos de jade y de vez en cuando de tumbaga (una alianza de oro y cobre). Aunque por ley éstos no pueden ser propiedad privada, el coleccionista los busca debido a sus afinidades estéticas. Además, se convierten en objetos de especulación por el valor agregado que logran al ser intercambiados o vendidos. Esta práctica aceptada y celebrada en el mundo del arte es el aspecto más insidioso de la colección de objetos patrimoniales.
La búsqueda de objetos y prácticas que reflejan una imagen refinada o culta es una antigua costumbre. La proyección personal a través de la posesión de objetos extraordinarios aumenta a la par de la desigualdad social, ya que confieren estatus adicional para los que los tienen al alcance. Mientras más singular el objeto, mayor la admiración. Esto lo observamos a diario con vehículos, joyas, ropa, colecciones de arte y, tristemente, bienes patrimoniales. Además, se utilizan para representar un conjunto de costumbres suntuosas, por lo menos en apariencia. Es una trampa casi ineludible en un mundo cada vez más materialista: lo que poseemos se interpreta como lo que somos.
Frecuentemente se justifica el enriquecimiento de colecciones personales bajo la idea que podrán protegerlas, preservarlas, o mantenerlas en el país. La verdad es que la compra y comercio de objetos patrimoniales fomenta el saqueo e incentiva al saqueador (o “huaquero”). Pese a sus deficiencias, nuestra ley de protección al Patrimonio Cultural cumple con principios y tratados internacionales y requiere que toda pieza precolombina sea registrada en la Dirección de Patrimonio Cultural y que todo trabajo arqueológico ha de obtener permiso previo.
Sin importar las leyes y la ética, los bienes patrimoniales son comercializados en las tiendas de “antigüedades”, en las carreteras o en persona. El tráfico de patrimonio cultural y el tráfico de drogas a menudo se vinculan para invertir fondos de alta liquidez. Ambas son actividades ilícitas de comercio altamente lucrativas para aquéllos que difunden bienes obtenidos de grupos empobrecidos. El “huaquero” corre el riesgo, saquea, y recibe una fracción mínima del precio final. A cambio, el intermediario y el coleccionista obtienen las ganancias verdaderas. Países en vías de desarrollo son los productores más altamente cotizados y el usufructo lucrativo ocurre en países desarrollados. Igualmente, los consumidores saben que participan en una actividad ilegal y destructiva, pero obvian las consecuencias porque escasamente las perciben.
He ahí el dilema. El coleccionista suele ser el apoyo más entusiasta de la actividad arqueológica, frecuentemente aportando fondos para fundaciones y estudios, pero al mismo tiempo impacta e interrumpe el progreso del arqueólogo. En Nicaragua la filantropía es escasa, y más aún para la actividad arqueológica seria y sustanciosa. Por ende se realiza a través de fuentes de financiamiento externas, y de vez en cuando, el Gobierno. Por falta de moral o de gestión eficaz algunos arqueólogos también han caído en el lado oscuro, haciendo caso omiso a la ley, sustentándose de excavaciones no autorizadas y de saqueos.
Sería fácil culpar al Gobierno por sus debilidades y aparente falta de interés en estos asuntos. Eso es algo por lo que debemos de continuar quejándonos, pero también tenemos que asumir responsabilidad como ciudadanos si de verdad queremos que nuestro país cambie y progrese. Toda persona con educación suficiente para entender el problema hereda de hecho mayor responsabilidad, especialmente si nuestras élites y funcionarios carecen de ella. Hemos de buscar la manera de contribuir a cambios que detengan la depredación constante y el comercio del patrimonio cultural, que promuevan la preservación de nuestra historia y prehistoria y poco a poco lograr que el coleccionista y el arqueólogo obren por los mismos objetivos dentro del marco de la ley.
* El autor es arqueólogo graduado en Harvard, labora en el departamento de antropología de la Universidad de Pittsburg, y es ex director del Museo Nacional.
