Eduardo Enrí[email protected]
Estamos a punto de perder algo que ni siquiera sabíamos que teníamos: seguridad ciudadana. Nuestra pobreza y situación geográfica nos han puesto en la mira del narcotráfico, que aparentemente ha empezado a socavar las instituciones encargadas de combatirlo y nadie parece inmutarse. El Poder Ejecutivo, llamado a tomar cartas en el asunto, pareciera estar mucho más cómodo ignorando el tema.
Sólo basta echar una breve mirada a Centroamérica para darnos cuenta de que éste es uno de los países más seguros, y que relativamente Managua es la capital con mayor seguridad ciudadana.
En Ciudad Guatemala, el temor a los secuestros ya invadió hasta a la clase media. En San Salvador, nadie que se considere “alguien” puede andar por la calle sin un par de guardaespaldas, mientras los pobres y los no tan pobres viven bajo el azote de las temibles “maras”. En Tegucigalpa, hasta el Ejército se ha tenido que meter a tratar de controlar a las pandillas delincuenciales; y ni en San José, a pesar del esfuerzo tico por presentarse como un oasis en el desierto de la violencia del istmo, se puede hablar ya de una ciudadanía segura.
Aquí, sin embargo —salvo algunos puntos rojos—, todavía se puede salir por la calle; los secuestros son un lejano recuerdo, y aun cuando estuvieron en su apogeo se dieron montaña adentro, y tampoco se oía hablar de asesinatos a plena luz del día. Pero la situación se está descomponiendo.
A medida que se ha desarrollado el caso de los policías de Bluefields, supuestamente involucrados con narcotraficantes y expendedores locales, queda claro que no es “una campaña” en contra de la Policía y que los problemas son serios.
Que los recursos de Nicaragua frente al narcotráfico sean mínimos es preocupante, aún más cuando algunos de los encargados de realizar la vigilancia son señalados de estar aliados con los narcotraficantes. Pero lo más preocupante de todo es la pasividad con que el Ejecutivo ha encarado —o mejor dicho no ha encarado— este problema.
Dejar la investigación en manos de los compañeros de los agentes cuestionados es lavarse las manos, a sabiendas de que es muy probable que los resultados nunca vean la luz. Un claro indicio es que varios de sus mandos han tomado las publicaciones de LA PRENSA como un ataque a la institucionalidad policial y no como una oportunidad para depurar sus filas.
Ni el presidente Bolaños ni su ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, han demostrado la mínima beligerancia en el caso, pero mucho está en juego. Nicaragua es para la mafia del narcotráfico lo que el pasto reseco del verano para las llamas. Una vez que toma fuego, no se controla hasta que arrasa con todo.
La amenaza de una “colombianización” está aquí. El asesinato en plena calle del supuesto colaborador de la Policía, José Lino Orozco, lo demuestra. Esta amenaza no va a desaparecer volviendo la mirada hacia otra parte. El Presidente —y la Policía misma— debe exigir una investigación independiente, seria y a fondo del caso de Bluefields para castigar a los que tengan que ser castigados, preservar el buen nombre de la Policía y la tranquilidad de la ciudadanía.
Pensar que este problema se va a disipar es abrirle las puertas al caos. Estamos a punto de perder esa relativa seguridad que muchos ni siquiera sabíamos que disfrutábamos. Pero veamos el ejemplo de los vecinos, y más al sur el horroroso espectáculo de Colombia.
