A propósito de las operaciones encubiertas de las que se ha hablado últimamente es oportuno recordar que mañana 30 de mayo se cumplen 19 años de una de las más famosas acciones de ese tipo, como fue el atentado terrorista en La Penca, territorio costarricense fronterizo con Nicaragua, el 30 de mayo de 1984.
Como se recordará, en aquella ocasión una bomba terrorista estalló en medio de una conferencia de prensa del entonces líder contrarrevolucionario nicaragüense, Edén Pastora Gómez, y como consecuencia murieron tres periodistas —dos costarricenses y una estadounidense— y unos veinte resultaron heridos, algunos mutilados y discapacitados por el resto de sus vidas.
El atentado de La Penca fue una típica operación encubierta que los gobernantes sandinistas atribuyeron a la CIA de Estados Unidos, pero según otras versiones el culpable fue el mismo gobierno del FSLN que era el más interesado en la muerte de Pastora, y que además ya había realizado otras operaciones encubiertas criminales, como el asesinato del ex dictador Anastasio Somoza Debayle en Asunción, Paraguay, y el del “comandante Bravo” de la Guardia Nacional somocista, en Honduras.
La operación encubierta de La Penca nunca fue aclarada y el asesinato de los tres periodistas sigue en la impunidad, lo que en estos días ha sido condenado enérgicamente por la Asociación de Prensa Extranjera y el Colegio de Periodistas de Costa Rica, el que señaló en un comunicado que este aniversario de La Penca “es una fecha icono en nuestra profesión, por lo cual conmemorar esta triste fecha es un ejercicio de reflexión de nuestra profesión” (LA PRENSA, miércoles 28 de mayo de 2003).
Pero no sólo en Costa Rica el aniversario de La Penca motiva a reflexionar sobre la práctica del periodismo en condiciones de injusticia e impunidad. También en Nicaragua es necesario hacerlo, porque aquí hay más impunidad que en otras partes, porque la operación encubierta de La Penca se hizo en relación con un conflicto político de los nicaragüenses, y además, porque actualmente los periodistas de LA PRENSA (Freddy Potoy, jefe de información, Sergio León, corresponsal en Bluefields, y Walter Treminio, corresponsal en Puerto Cabezas), están siendo amenazados inclusive de muerte debido a sus trabajos de investigación periodística que se han publicado en este Diario sobre el narcotráfico en el Caribe nicaragüense, en el cual se ha mencionado como presuntos cómplices a algunos mandos intermedios de la Policía Nacional.
Y lo más grave es que en lo fundamental las amenazas contra los mencionados periodistas de LA PRENSA provienen de personas que se identifican con la Policía Nacional, o que son muy cercanas a ésta; mientras que la semana pasada el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, dijo a la reportera de LA PRENSA, Elízabeth Romero, que si algunos policías han sido vistos en relaciones con narcotraficantes es porque probablemente estaban ejecutando operaciones de “inteligencia”, es decir, acciones encubiertas.
Al ministro de Gobernación le dijimos personalmente —durante una visita que él hizo a LA PRENSA el lunes de esta semana— que no es una buena defensa de la institución policial hablar de operaciones encubiertas, pues si fuera cierto que la Policía las está haciendo serían actividades clandestinas, ilegales y criminales, que podrían degenerar en atentados contra periodistas y hasta en su asesinato, que es precisamente lo que está ocurriendo contra Freddy Potoy y Sergio León.
En la subcultura de intolerancia a la opinión pública pero de tolerancia a ciertas formas de criminalidad, que impera en Nicaragua, hay quienes creen que lo malo no es la corrupción en sí misma, ni las acciones criminales como el tráfico de drogas, sino que lo incorrecto es que los medios las denuncien. Y por lo tanto se consideran con “derecho” a castigar a los periodistas que investigan los delitos y denuncian a los delincuentes.
Por eso es necesario determinar en la ley qué significan las operaciones de inteligencia o encubiertas y cuáles son sus límites, para que no sigan ocurriendo amenazas como las que sufren nuestros periodistas y las acciones criminales, como el atentado terrorista en La Penca, no queden en la impunidad, mientras los asesinos se codean en la “alta” sociedad y en las esferas superiores del poder público como si fueran personas honorables.
