Hace ya una semana que el presidente Enrique Bolaños denunció que 115 millones de dólares producto de la privatización de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) “desaparecieron” de las bóvedas del Banco Central, y el asunto sigue turbio. “Los 115 millones de dólares se los llevaron, no están…” expresó Bolaños el miércoles 21 de mayo corriente, en Yalí, Departamento de Jinotega, al inaugurar un proyecto gubernamental de electrificación rural.
Pero el presidente Bolaños explicó al mismo tiempo que los “115 millones de dólares en efectivo fueron depositados en el Banco Central, tenían otros propósitos (obras sociales), la realidad es que las necesidades posiblemente del Estado, especialmente las quiebras fraudulentas de los bancos, los usaron para poder pagar la quiebra de los bancos”.
O sea que según el Presidente no se robaron directamente los 115 millones de dólares, sino que se los robaron indirectamente, pues en vez de usarlos para obras sociales como correspondía, los tomaron para pagar una parte de los costos de las quiebras bancarias fraudulentas, así como para cancelar deudas de la misma Enel y ayudar a financiar el déficit del Presupuesto General de la República de 2001, según lo confirmó al día siguiente (jueves 22 de mayo) el ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre.
Posteriormente, el presidente ejecutivo de Enel, Mario Montenegro, dijo a periodistas que fueron 120 millones de dólares los depositados en el Banco Central como producto de la privatización de la empresa eléctrica, pues a los 115 de que habló Bolaños hay que agregar cinco millones de dólares correspondientes a acciones para los trabajadores de la empresa que éstos no adquirieron. Y ratificó Montenegro lo dicho por el ministro Montealegre en cuanto a cómo se gastó dicho dinero.
Pero Montenegro sumó 113 millones de dólares de gastos en los tres rubros antes mencionados, y Montealegre habló de 115 millones, de manera que queda una diferencia de siete o cinco millones de dólares que no se sabe si fueron a parar a la guaca de Arnoldo Alemán, o se los embolsaron las autoridades de Enel de cuando ésta fue privatizada, o es una falta de dominio aritmético del ministro de Hacienda y/o el presidente ejecutivo de Enel.
Por otro lado, después de la denuncia del presidente Bolaños los titulares de la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República y Procuraduría General de Justicia, se comprometieron a dilucidar el caso a la mayor brevedad posible. Pero hasta ahora no han informado nada sobre el asunto y, “conociendo el sebo de nuestro ganado”, es justo temer que este caso podría quedar como muchos otros actos de latrocinio, en el misterio, en tanto que algunos altos funcionarios del Estado se enriquecieron a ojos vistas, de manera rápida y espectacular.
Dice la Constitución Política de la República de Nicaragua (artículo 131) que los funcionarios de los cuatro poderes del Estado “responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus labores” y que “la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”. Y agrega el mismo artículo constitucional que “los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables… por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones”.
De manera que el presidente Enrique Bolaños (quien por cierto era el presidente de Enel cuando ésta fue privatizada); el presidente del Banco Central (Mario Alonso); el ministro de Hacienda (Eduardo Montealegre); y la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría en lo que se refiere a sus indagaciones, tienen que dar cuenta al pueblo si fueron 115 ó 120 millones de dólares los que produjo la venta de Enel, si fue legal que ese dinero se gastara en pagar los fraudes bancarios, por qué hay diferencia entre las cuentas de Hacienda y Enel, y sobre todo deben dejar claro si algunos de esos millones de dólares fueron a parar a las cuentas de los gobernantes del período anterior, y si así fue, quiénes se favorecieron con el “enelazo”.
Si hubo “enelazo” la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría deben desenmascarar a los autores, acusarlos ante los tribunales competentes y buscar cómo recuperar el dinero que le habrían robado al pueblo de Nicaragua.
