Julio Ruiz Quezada
El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), creado por la reforma constitucional de 1995 en el Inciso 13 del Arto. 150 CN, fue ignorado por el gobierno de doña Violeta de Chamorro y constituido según las conveniencias del doctor Arnoldo Alemán. Al presidente Enrique Bolaños corresponde el mérito de haberlo reconstituido de acuerdo con el principio constitucional.
A pesar de la unanimidad de su aprobación cuando la reforma constitucional, el Conpes ha sido fuertemente atacado tanto por los neo-liberales a quienes repugna el término “planificación”, como por la izquierda sandinista que pretende controlar con sus maniobras legislativas (que le permite la ceguera liberal), la dirección de la “política social y económica del país”.
El Conpes es completamente plural. Por convocatoria del Presidente de la República se integraron organismos empresariales, financieros, sindicales, expertos, políticos y personalidades, lo que lo convierte en un organismo de gran capacidad y calidad, reconocida por todos los sectores del país.
Cumpliendo con su mandato, a finales de 2002, el Conpes presentó un documento de “recomendaciones” para un nuevo modelo de Estado, que incluye entre otras la reforma del marco jurídico del Poder Electoral, a lo que me refiero parcialmente.
El Conpes recomienda que el Consejo Supremo Electoral se transforme en un instituto electoral autónomo y de carácter técnico. Es decir que deje de constituir un poder del Estado que, permaneciendo en la Constitución, le permita administrar los asuntos electorales con capacidad, sin necesidad de mantener un aparato costoso y burocrático.
Las protestas airadas de los magistrados y sus partidos no se hizo esperar. Afirmaron que el Presidente de la República lo que pretendía era controlar el Poder Electoral y convertirlo en una dependencia del Ejecutivo. Ignoraron que el proyecto es un documento de trabajo y que lo que correspondía no eran las críticas, sino los aportes.
En la clásica división de poderes no aparece el Poder Electoral, ni aparece tampoco en casi toda la legislación comparada. Por lo que el de Nicaragua es un caso excepcional que no tiene razón de ser y que cuesta “un ojo de la cara”.
La “materia electoral” como era llamada en las constituciones anteriores, fue incluida como Ley Constitucional por exigencia del Partido Conservador cuando se firmó el Pacto de los Generales, en 1950. Se pretendía impedir un fraude electoral como el ocurrido cuando las elecciones Aguado-Argüello en 1947; pero sólo fue un poder del Estado, con el nombre de Consejo Supremo Electoral a partir del Decreto 1399 de 21 de febrero de 1984, emitido por la Junta de Reconstrucción Nacional que reformaba el Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua.
Este nuevo poder del Estado nació con cinco miembros llamados magistrados. Después del pacto libero-sandinista conservó su categoría pero el número de magistrados se elevó a diez, incluyendo los suplentes y a partir de ese momento el flamante Poder Electoral se ha convertido en una pesada carga para el empobrecido pueblo de Nicaragua, dados los altos salarios de los magistrados y asesores; además de que está lleno de supernumerarios y que se les permite gran discrecionalidad en el manejo de sus fondos. Sus gastos suntuarios, las inexplicables donaciones y regalías, no les permiten la capacidad ni siquiera de mantener al día los pagos de sus empleados, las cuotas del Seguro Social, etc.
El Consejo Supremo Electoral, o como se llame en el futuro, debe reducir su tamaño y convertirse en una entidad funcional tecnificada para que pueda desempeñar su papel a cabalidad. Los mexicanos dieron en sus últimas elecciones una lección de cómo funciona un organismo de esta naturaleza, que sin ser un poder del Estado lleno de “honorables” magistrados, pudo dar a México un gobierno, producto de la voluntad popular a través de una aplicación transparente y pragmática de su Ley Electoral.
En que Nicaragua necesita una nueva Ley Electoral que convierta al máximo organismo electoral en algo menos complicado, menos costoso, más reducido y menos politizado para que sea realidad la democracia electoral base de nuestro sistema constitucional.
El autor es directivo del Partido Conservador.
