Edmundo Dávila Castelló[email protected]
Las constituciones de la mayoria de los países civilizados del mundo establecen que una de las más importantes garantías individuales, para sus habitantes, es la protección ciudadana.
En Nicaragua, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional, es el ente encargado de la protección ciudadana, pero los ministros de esta cartera cuando brindan alguna declaración al respecto sólo lo hacen para recalcar, ingenuamente, que Nicaragua es el país “más seguro de Centroamérica”, e incluso de América Latina. ¿Seguro para quiénes? ¿Qué es lo que entienden por “seguro”?
Los medios de difusión, en sus secciones de nota roja se encargan a diario de demostrar palmariamente todo lo contrario, reportando crímenes nefandos cometidos en forma individual y colectiva que acaban brutalmente con la vida de muchos inocentes, la mayoría jóvenes, en barrios pobres o miserables y abandonados a su suerte, así como asaltos y robos cuantiosos a personas en las calles, comercios, mercados, etc. De tal manera que nadie se siente resguardado y mucho menos seguro en su negocio, ni siquiera en su propia casa.
La función protectora de la Policía puede resumirse en tres aspectos fundamentales: 1. Prevención del delito; 2. Atención de emergencias; y 3. Control de estadísticas truculentas de diversa índole, como homicidios, violaciones, asaltos, robos, secuestros, etc. Pero si el cuerpo policial no puede cumplir cabalmente con los dos primeros incisos, ya sea por ineficiencia o por falta de recursos humanos y materiales, las estadísticas sólo sirven para infundir temor e incertidumbre a la población, ya que ésta no puede defenderse con simples números sino con el eficaz, oportuno y ágil desplazamiento de los efectivos policiales en las calles y lugares críticos o peligrosos. Por lo que la presencia física de los policías, el patrullaje policial intimidante para los malhechores, es esencial e imprescindible para la prevención del delito y por ende para la salvaguarda de la sociedad entera.
Hace algunos años, en Guatemala, en tiempos del presidente Vinicio Cerezo, el pueblo guatemalteco, temeroso y enardecido a más no poder, con efectivas protestas callejeras y otros medios democráticos de presión obligó al primer mandatario a desviar una partida ya asignada del Presupuesto Nacional hacia la protección ciudadana y el combate frontal a la criminalidad. Cerezo no tuvo otra alternativa que resignar, porque sus gobernados, hartos de tantos crímenes y delitos de toda clase, se estaban haciendo justicia por su propia mano a través de linchamientos y excesos que cometían con los delincuentes, asesinos y violadores que no los dejaban vivir en paz, y los ciudadanos honrados no tenían ninguna confianza en las autoridades responsables, ni mucho menos la remota esperanza de que se impusiera la justicia legal.
En los Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente Bill Clinton éste procedió en cierta ocasión a enviar a Los Ángeles un contingente de 1,000 policías (que más tarde reforzó con 5,000 efectivos adicionales). En una entrevista posterior le preguntaron sobre el objetivo de tal medida, a lo cual Clinton respondió con la sencillez y ecuanimidad que le caracterizaban: “Mi primera obligación es velar por la vida y la seguridad de mis conciudadanos”. Hermosas e impresionantes palabras de ese gran estadista norteamericano que reflejaban un elevado concepto del deber presidencial y una extraordinaria sensibilidad social. Surge entonces la pregunta: ¿Qué lugar habrá ocupado en Nicaragua desde la década de los 80 esa “primera obligación” de Clinton?
Algunos artículos de la Carta Magna de los nicaragüenses expresan que el derecho a la vida es inviolable, que toda persona tiene derecho a la seguridad, a la protección, al bienestar, a la felicidad, al paraíso, etc. Pero el Gobierno se encuentra muy lejos de garantizar toda esa utópica bienandanza en forma efectiva ni satisfactoria para la población. ¿No sería más claro establecer las obligaciones del Estado en vez de los derechos de los ciudadanos?
Las iglesias cristianas, organismos de derechos humanos y los sectores identificables de la llamada “sociedad civil”, bien pudieran intervenir colaborando y coordinándose en forma permanente con el Ministerio de Gobernación, la Policía y la misma ciudadanía para combatir el crimen y la violencia, porque nadie duda que la vida es lo más valioso que tiene el ser humano y preservarla por el Estado debe ser su “primer mandamiento”.
Altos funcionarios públicos disfrutan de una aparatosa sobreprotección a costa de los contribuyentes, pero la población, paupérrima en gran parte, se encuentra constantemente expuesta a toda clase de peligros y amenazas de antisociales, en total desamparo.
Es evidente que no todos somos iguales ante la ley, y que la única seguridad de los nicaragüenses es la de vivir… y en la más completa inseguridad.
El autor es ingeniero civil
