Hugo Ramón García
La Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 57 que “los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana”.
En la Nicaragua de los tiempos modernos la opción al trabajo ha dejado de ser un derecho para ser un “privilegio”. Los que tienen el poder político generalmente le otorgan ocupación y proveen de un salario a quienes ellos estiman conveniente, o simplemente al que los adula, o a quien, para ganar “favores y prebendas”, utiliza el chisme como una forma de congraciarse con el que detenta un poder transitorio y pasajero.
El chisme sigue teniendo beligerancia porque en una sociedad enferma, atada al atraso cultural, el servilismo ocupa niveles aplastantes y los “políticos”, por su parte, tienen preferencias por el que dobla la cerviz y se somete a las “recomendaciones” que le dictan.
En tal sentido la calidad académica está dejando de ser una condición indispensable para el logro de un trabajo en el Estado, y ha sido sustituida por el carácter servil de quien usa la conjetura callejera. ¿Cuántos hay en la sociedad que teniendo a su favor títulos y diplomas viven en el desempleo, porque no andan detrás de ningún político?
De esos hay muchos y seguirán habiendo. Los dirigentes políticos actúan en función de sus intereses personales, y como no les importa en lo mínimo todo sinónimo de conciencia, le ofrecen trabajo a quien ellos ya tienen “clasificado”, aduciendo como “justificación” argumentos rayados que se hallan fuera de tiempo.
La Constitución Política sigue siendo “papel mojado”. El contenido de sus leyes no se discute, porque es bueno, pero en su aplicación los políticos se hacen de la vista gorda, para no cumplir con sus mandatos. Esta es la trágica realidad de los nicaragüenses. El derecho al trabajo queda retenido en la viciada conciencia de los que mal dirigen la política y hacen de ella un factor de complacencia personal, a sabiendas de los daños que causan en la población, aterrada hoy más que nunca por el desempleo y el hambre.
Además, en Nicaragua persiste el fenómeno de personas que han sido sujetas de sanciones penales por delitos cometidos en perjuicio del Estado, y a causa de ello han sido inhibidas, pero el Gobierno las ha “premiado nombrándolas en cargos de importante membresía. Para este tipo de funcionarios el desempleo no existe porque Nicaragua es el reino de las injusticias, donde se castiga al inocente y se absuelve al culpable. Y en la medida en que las desigualdades sobrevivan, se seguirán viendo casos excepcionales que de una u otra manera inciden y contribuyen a la desvalorización de la sociedad, cuyos males en virtud de disminuir se profundizan considerablemente.
Mientras estos casos abundan en “el país de las maravillas”, un fuerte sector de la sociedad se debate en la desocupación encarando como resultado la evidencia de la pobreza a la cual los políticos de turno no le buscan solución porque están mal acostumbradas a darle al mismo pueblo ese tratamiento.
El autor es periodista.
