Alfonso Moncada Cuéllar
Es evidente que Nicaragua, necesita, urge, una reforma tributaria estructural. En primer lugar, debido a que los ingresos fiscales actuales no crecen al mismo ritmo que los egresos, provocando un déficit creciente, que es insostenible en el tiempo. En segundo lugar, porque es un sistema impositivo regresivo; quienes tienen menores ingresos son los que aportan más. Y, finalmente, porque no todos los agentes económicos que deben pagar impuestos, los están pagando; quienes si los pagan, no lo están haciendo en los montos que en derecho corresponden.
Cualquier reforma tributaria, si se precia de ser buena y estructural debe pasar primero por un diagnóstico correcto. Si no se diagnostica correctamente, la medicina resultará más dañina que la enfermedad. Si la reforma se basa, esencialmente, en una mayor carga impositiva, se puede generar una peligrosa caída en el nivel de actividad económica y en la inversión nacional y extranjera. No se trata tampoco de castigar a los agentes económicos con los mayores ingresos, ni de una reforma dirigida a esos sectores. Se trata, en términos simples, que cada quien pague lo que debe pagar en concepto de impuestos.
Imponer nuevos tributos o incrementar las tasas impositivas es una tentación muy fuerte para cualquier gobierno. Es un mecanismo simple y de fácil implementación aunque, a la larga, como la experiencia lo demuestra, es generador de mayor evasión.
En Nicaragua, sin necesidad de incrementar las tasas impositivas se puede incrementar los ingresos de manera significativa. La reforma tributaria que se está impulsando actualmente, debe considerar este hecho.
La reforma debe establecer con meridiana claridad quién es contribuyente y cómo debe tributar. Hay que evitar a toda costa los contradictorios casos, por ejemplo, de establecimientos en el Mercado Oriental, que realizan grandes transacciones comerciales diariamente, registrados como pequeños contribuyentes, que pagan montos irrisorios en concepto de cuota fija. Estos montos son iguales a los que cancelan pequeños restaurantes o sodas, con ventas menores de veinte mil córdobas mensuales.
De la misma manera, las profesiones liberales (abogados, médicos, consultores, ingenieros, arquitectos, etc.) y diputados, tampoco están declarando correctamente sus ingresos. La DGI no puede, en estos momentos, comprobar si los montos declarados son los reales. Adicionalmente, llevar doble contabilidad en las empresas es una práctica común, dejando a las autoridades desvalidas para luchar contra estas prácticas deshonestas y corruptas.
Los vacíos y contradicciones de la ley actual provocan éste y otros tipos de divergencias y, por ende, una evasión de impuestos que la misma ley permite. La evasión de impuestos explica también nuestros raquíticos ingresos fiscales.
La reforma tributaria debe eliminar todo tipo de exoneración que diferencie a un ciudadano o a un gremio, de otro. No es posible, por ejemplo, que en nombre de la libertad de prensa, un negocio tan lucrativo como los medios de comunicación, esté exonerado en la importación de equipos y materia prima. Todos debemos ser iguales ante la ley. El Lic. Róger Arteaga, Director General de Ingresos, declaró recientemente, que el monto dejado de percibir por el Estado, por exoneraciones, sólo en el 2002, ascendió a mil ochocientos millones de córdobas (el 44 por ciento del déficit fiscal del 2003).
Como bien lo indica su nombre, los tributos, son impuestos, no son voluntarios. La reforma tributaria, debe incorporar mecanismos que equilibren las reacciones humanas ante la imposición. Sólo por altruismo o patriotismo, la ciudadanía no va ser persuadida a declarar sus ingresos y pagar los impuestos. Deben existir razones egoístas por las cuales un ciudadano reclame su factura y declare sus ingresos reales. A la empresa o la persona natural, debe convenirle cumplir la ley.
Para esto, por ejemplo, se podría incorporar una reforma por la cual los gastos médico-hospitalarios, los gastos por educación de hijos (colegiaturas, útiles escolares, etc.), los gastos de mantenimiento de inmuebles y vehículos, todos debidamente soportados por facturas, sean deducibles del impuesto sobre la renta. De esta manera, existiría una razón egoísta de peso para reclamar la factura. Ambos agentes tendrían móviles fuertes para declarar todos sus ingresos y la obligación de pagar el impuesto que corresponde. Existiría, además, la posibilidad de realizar controles cruzados por parte de las autoridades.
Finalmente, y no menos importante, la reforma debe contemplar castigos severos para los evasores, incluyendo la cárcel. Igual de corrupto es aquél que malversa fondos públicos desde un cargo en el Estado, como el que no cumple su obligación ciudadana de pagar los impuestos. La Reforma es necesaria, hay que impulsarla.
El autor es director de Radio Nicaragua.
