Representantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia acusaron en un juzgado del Crimen de Managua, por el supuesto delito de injurias y calumnias, a miembros del Comité Nicaragüense Pro Defensa de la Vida, porque éstos pidieron públicamente que no se admita a la Red como miembro del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
Semejante acusación demuestra, sin dudas, que son fundadas las aprensiones que hemos expresado en diversas ocasiones, de que si los sandinistas volvieran al poder otra vez habría en Nicaragua “delito” de opinión y persecuciones y represiones por motivos ideológicos. Dicho con otras palabras, que si los que están acusando criminalmente a los antiabortistas estuvieran en el poder, los acusados ya estarían en la cárcel, a donde se mandaba en los años ochenta a quienes disentían ideológicamente del régimen sandinista.
Pero las ideas se combaten con ideas, no con persecución de ninguna clase. Es inadmisible que en Nicaragua, donde el derecho a expresar libremente el pensamiento se conquistó después de muchísimos años de lucha contra las dictaduras, la intolerancia y el totalitarismo, se vuelva a crear una atmósfera de temor a expresar las opiniones en público. Cada quien tiene derecho a hacer propuestas de lo que sea a las autoridades supremas de la nación, a oponerse ideológicamente a otras personas, a practicar en fin el más elemental de los derechos que es el de pensar y decir libremente lo que se piensa, en privado o en público.
Es necesario reconocer que en Nicaragua la lucha ideológica se libra generalmente con lenguaje fuerte, con descalificaciones personales y, a veces, con ofensas, de lo que no escapan unos y otros, y en este caso, ni los Pro-vida ni los de la Red.
Asimismo, los prosélitos de los partidos políticos y confesiones religiosas también usan habitualmente un lenguaje fuerte para refutarse mutuamente. Y en los programas de radio y televisión de teléfono abierto, la mayor parte de las llamadas son para atacar con palabras duras, igual que en la redacción de LA PRENSA se reciben muchos mensajes intolerantes y ofensivos.
Ahora bien, los acusadores en este caso tienen que saber que de acuerdo con el Código Penal no cabe la acusación por injurias y calumnias. Cualquier persona y asociación tiene derecho a pedir en privado o en público, al Presidente de la República, que no incluya a determinada persona u organismo en el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes).
Y no es injuria ni calumnia decir que alguien es abortista, si a quien se le dice tal cosa se ha pronunciado públicamente a favor de la despenalización del aborto, pues abortista es sencillamente quien está a favor del aborto en cualquier forma.
De manera que si los acusadores saben, como deben saber, que es improcedente la acusación por injurias y calumnias que han presentado contra los activistas Pro-vida, hay que deducir que lo que pretenden es intimidar a sus adversarios ideológicos, callarlos por medio de la acusación judicial, coartarles el derecho que tienen a expresar libremente sus opiniones.
O sea que esa acusación es una clara demostración de intolerancia y de totalitarismo ideológico. Y es por eso que aseguramos que si estas personas acusadoras estuvieran en el poder (o, dicho con otras palabras, si el FSLN pudiera volver a gobernar), los acusados estarían en la cárcel, por lo menos, acusados de “criminales”, como se acusa en Cuba a cualquier disidente y como se les acusaba aquí, en Nicaragua, en los años ochenta del siglo veinte recién pasado.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias”, señala el artículo 29 de la Constitución de Nicaragua. Y el artículo siguiente (30) dice que: “Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio”.
¡Pero qué vergüenza que todavía haya en Nicaragua personas que quieran atropellar esos derechos y mandar a la cárcel a otros ciudadanos, sólo porque piensan y expresan ideas que son opuestas a las de ellos!
