Freddy Potoy [email protected]
Las instituciones de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, se han visto empañadas por acciones de algunos de sus miembros, de acuerdo al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el desvío de armas hacia paramilitares colombianos.
En el transcurso del escándalo han quedado claras algunas cosas.
El ex primer comisionado de la Policía Nacional, Franco Montealegre deslindó sus responsabilidades y dijo que el contrato de permuta de armas que firmó, fue con la empresa GIRSA y bajo ningún motivo, razón o circunstancia, figuraba la Policía de Panamá o Colombia.
El ex ministro de Gobernación, René Herrera, coincidió con Montealegre en el sentido que autorizó esa permuta de armas con GIRSA y no con otra empresa o institución pública de otro Estado.
Si el asunto era permutar Ak-47 deterioradas y sin magazines de la Policía Nacional, por pistolas nuevas y subametralladoras Uzi que necesitaba la institución, no había razón para que el nuevo jefe de la Policía, Edwin Cordero Ardila, permitiera que el general retirado Roberto Calderón ofreciera Ak-47 en buen estado, propiedad del Ejército de Nicaragua en vez de las armas obsoletas.
Cordero argumenta que tal como se realizó finalmente la operación (criminal), fue suscrito en el contrato por Montealegre. Este último dice que no es cierto, que el contrato que él firmó es distinto y según se entera ahora a través del informe de la OEA, sufrió cambios que jamás le fueron consultados. Herrera manda a preguntar sobre este asunto a Cordero y Calderón.
Finalmente sale a relucir que de estas operaciones estaba informado el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo. Si Alemán, Herrera, Montealegre, Cordero y Calderón conocían del asunto, es lógico que el jefe del Ejército, general Javier Carrión tenía conocimiento. Si no sabía, es un general despistado (lo cual dudo) que en todo caso debería responder por lo suyo. Ah, ¿y el Ministro de Defensa, dónde estaba? ¿Sabía o no del asunto? Si no sabía, pues indica que sólo es una figura decorativa y que se debe remover de su cargo.
Los nicaragüenses tienen derecho a saber qué hacen los funcionarios públicos cuyos salarios salen de los impuestos de los contribuyentes. Cordero está obligado a presentar el contrato y demostrar quién es el mentiroso: él o Montealegre.
El presidente Enrique Bolaños debería separar de sus cargos a Cordero en la Policía, y a los militares y autoridades civiles correspondientes en este caso en el Ejército. Varios de ellos tienen altas cuotas de responsabilidades en este caso de corrupción militar que atenta contra el Estado.
Las investigaciones deben hacerse sin temor. Es cierto que el crimen perpetrado por la escolta del general retirado Humberto Ortega Saavedra contra el jovencito Jean Paul Genie Lacayo viene a nuestras mentes cuando los militares están involucrados en escándalos que ameritan procesos penales y castigos con todo el imperio de la ley, pero no se puede permitir que los militares abusivos queden impunes.
¿Qué es lo más que puede ocurrir: que lo manden a matar a uno? ¿Que aparezca muerto por un accidente? ¿Que te carguen el vehículo con droga? ¿Que intimiden a tu familia? ¿Qué es lo nuevo? A fondo con los militares corruptos.
