Julio Ignacio Cardoze
En una decisión trascendental en las funciones de su gobierno, el presidente Bolaños veta parcialmente el Presupuesto General de la República, que había sido aprobado para el año 2003, por la Asamblea Legislativa de Nicaragua, con modificaciones hechas por los diputados, que contravienen los acuerdos previamente firmados por el gobierno con el FMI, que garantizaban financiamiento para completar el mismo presupuesto, y reducción de la deuda externa.
Como lo aseguró el presidente al anunciar el veto, tomó la decisión pensando solamente en el pueblo menos favorecido, y por encima de las diferencias y los intereses partidarios. Y en esto tenemos que apoyarlo, porque las modificaciones que le hicieron los diputados, y que fueron favorecidas especialmente por los sandinistas, fueron con el propósito de provocar el incumplimiento del acuerdo con el FMI, como lo declaró Bayardo Arce, y para beneficiar a sectores importantes de sus bases, en vista de las elecciones municipales que se aproximan.
El acuerdo con el FMI, que además debe ser respetado por seriedad y credibilidad de este gobierno, especialmente teniendo en cuenta los incumplimientos de gobiernos anteriores, en realidad contiene beneficios para Nicaragua, que superan con creces, cualquier beneficio que se pudiera producir no vetándolo. Es más lo que se arriesga por dejar las cosas como quieren los sandinistas, con la implícita complicidad de los diputados PLC, que irresponsablemente quieren aprovechar para imponer sus condiciones, aún a costa del perjuicio para el pueblo en general, que lo que se perdería si el presidente no toma esta trascendental decisión.
Como aseguró el presidente, a él le hubiera sido más fácil no vetarlo y seguir la corriente populista sandinista, en cierto sentido también sustentada por los diputados liberales, por su renuencia a apoyar al presidente en esta decisión trascendental para la nación, por lo que no se puede dejar de notar, los oportunismos que siempre florecen en estas circunstancias, como la oposición al veto del audaz Jaime Morales Carazo, que según los vientos van soplando, se mueve dependiendo de las circunstancias lo favorezcan, y por lo que no es coincidencia que sus opiniones sean análogas a las del diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, proponiendo una reforma que de antemano se sabe, se ahogaría en el mar de negociaciones que ocurren cada vez que hay situaciones similares, donde cada quien va en busca de su tajada a cambio del voto.
Sin duda alguna, de salirse con la suya los sandinistas, y no aprobarse el veto parcial que hizo el presidente, aumentaran su poder político, que de hecho ha crecido sustancialmente.
Actualmente el sandinismo ya controla 52 alcaldías municipales de Nicaragua, en las cabeceras departamentales más importantes, incluyendo la capital Managua, controla tres puestos en la directiva, y la presidencia de once comisiones de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de los magistrados en el Poder Judicial, la vicepresidencia y dos magistraturas del Consejo Supremo Electoral, dos contralores del consejo Superior de la Contraloría General de la República, y la Fiscalía adjunta de la República.
Ciertamente, el veto parcial del presidente Bolaños, contradice a los que malintencionadamente han querido mal interpretar la cooperación del Poder Ejecutivo con el FSLN en la lucha contra la corrupción, y son una muestra de su independencia, de sus actuaciones como estadista, y la entereza de su carácter.
De no aprobar los diputados el veto enviado por el presidente, la responsabilidad total del daño emergente de esa situación, caerá totalmente en los asambleístas.
El autor es jurista nicaragüense radicado en Miami
