Jorge A. Samper Blanco
Como una mala costumbre en nuestro medio nuevamente la aprobación del Presupuesto General de la República se ha transformado en una crisis sin aparente solución, y como también es otra mala costumbre, quien va a pagar los platos rotos será el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, no es cierto que esta crisis artificial sea insoluble, al contrario resolverla es muy sencillo y además no se requiere ni afectar el aumento de salario de los maestros, trabajadores de salud, soldados y policías, ni tampoco el programa del Fondo Monetario. Eso sí, se requiere un verdadero acto de “patriotismo”, de los funcionarios del Estado y de los diputados tanto de la Asamblea Nacional como del Parlamento Centroamericano. El problema fundamental se encuentra en lo siguiente:
1) Trescientos treinta y seis millones que se transfirieron de la deuda interna a aumento salarial de los maestros, trabajadores de salud, soldados y policías. 2) Partidas presupuestarias que se transfirieron del Fondo Social de Emergencia (FISE) y del Instituto de Fomento Municipal (Inifom) a las alcaldías.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo hasta ahora no han hecho propuestas de solución y ambos se encuentran aferrados a propuestas extremas sin coincidencia. Por un lado un sector de los diputados alega que estos fondos deben ser financiados con el pago del impuesto sobre la renta del Sistema Financiero y el Gobierno, por su parte, expresa que simplemente debe retornarse al presupuesto original.
Entonces, ¿de dónde extraer estos recursos? La repuesta es la siguiente: Reducir los altos salarios de los funcionarios del Ejecutivo, de los diputados, de los magistrados del Poder Judicial y Electoral, de los contralores generales de la República y finalmente de todos aquellos funcionarios que tienen un salario mayor de cinco mil dólares, incluyendo a los entes descentralizados.
De esta forma, al reducirse estos salarios se podrían beneficiar a miles de maestros, trabajadores de la salud, soldados y policías y en consecuencia a toda la nación.
En el caso de las alcaldías la solución es simplemente retransferir los fondos al FISE e Inifom, pero poniéndole nombre y apellido a cada una de las asignaciones para que de esta manera sean beneficiados los municipios a quienes se les habían otorgado esos fondos y además los organismos internacionales den los recursos para complementar esas obras.
Finalmente con el alegato que el Sistema Financiero pague lo que corresponde, los señores diputados, deberán reformar la ley tributaria en consenso con los bancos a fin de no poner en peligro la estabilidad del sistema bancario y éstos paguen como todos los ciudadanos sus impuestos correspondientes.
De esta manera se honraría el pago de la deuda interna y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no se pondrían en riesgo. Por consiguiente se accedería a los recursos externos convenidos a favor del país y se produciría la reducción de la deuda externa y además se podría conservar el incremento de salario a los sectores sociales vulnerables. Los diputados y el Ejecutivo tienen la palabra.
El autor es jurista, ex diputado.
