Freddy Potoy [email protected]
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR), están obligadas a ejecutar lo que la ley les ordena a cada una de estas instituciones cuando se cometen delitos que atentan contra el Estado o la sociedad.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se responsabiliza a Nicaragua de “negligencia profesional” en el desvío de un lote de armas de guerra que terminó en manos de un grupo paramilitar colombiano, es muy contundente y lo suficientemente argumentado como para que las autoridades competentes del país inicien una exhaustiva investigación, denuncien o acusen criminalmente a quienes sean responsables de infringir la ley.
De acuerdo al informe de la OEA, al registrarse una supuesta venta de un cargamento de armas entre Managua y Panamá (3,000 Ak-47 y 2.5 millones de cartuchos), que fue a parar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Nicaragua infringió varias de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA).
Pero lo peor es que dicho informe sospecha que altos oficiales del Ejército nicaragüense, entre ellos el general retirado Roberto Calderón, “actuaron de manera criminal, pues intentaron vender artículos del Estado por casi un millón de dólares sin que las autoridades civiles estuvieran enteradas, usando una orden de compra falsa que tenía casi dos años de antigüedad”.
El informe de la OEA también se topó con que los negocios de Calderón con el Grupo de Representaciones Internacionales (GIR), venían desde tiempo atrás y que merecen ser investigados con profundidad.
Pero además de investigar a Calderón y cuatro o cinco personas más entre civiles y militares supuestamente implicados en este hecho, también es necesario que el director general de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero Ardila, deslinde responsabilidades sobre el asunto y explique qué pasó en todo esto.
El informe de la OEA menciona que la transacción original se suponía era entre la Policía de Nicaragua y el GIR. Cordero Ardila también debe explicar cómo se realizó esa transacción, por qué aparece el GIR y finalmente por qué supuestamente Calderón interviene en el negocio ofreciendo 3,000 Ak-47 nuevas del Ejército y acepta las armas obsoletas de la Policía Nacional.
Tanto los altos mandos del Ejército de Nicaragua como la Policía Nacional, tienen que deslindar responsabilidades en este escándalo internacional sobre el tráfico de armas.
Si los aludidos que aparecen en el informe de la OEA dicen ser inocentes, que lo demuestren en los Tribunales de Justicia, pero la PGR y la FGR, deben ir a fondo y exigir que se castigue a los culpables. Otra vez la justicia estará a prueba y veremos si la ley prevalece sobre el poder autoritario y abusivo del poder militar. Ojalá en este caso no existan negociaciones políticas y que a los jueces no les tiemble la mano para condenar a los criminales que traficaron con armas entre Nicaragua, Panamá y Colombia.
