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A mediados del año 2000, y por las razones que son del dominio público, comenzó el proceso de privatización del sector eléctrico de Nicaragua vendiendo toda el área de distribución, excepto pequeños sectores aislados, a la empresa española UNION FENOSA.
Desde ese momento, más que un mejoramiento en la calidad del servicio, se ha podido observar un proceso continuo de encarecimiento del mismo, bajo diferentes conceptos: cargo por alumbrado público, cargo por comercialización, alquiler de medidores, deslizamiento de la moneda, incremento directo al precio del KWh, etc., lo que ha hecho que la electricidad, que es considerada mundialmente un bien básico, se esté convirtiendo en un artículo de lujo para la mayoría de los nicaragüenses. De hecho, con todos cargos, el precio promedio del Kwh. en Nicaragua es entre el 40 y el 50 por ciento mas alto que en Costa Rica.
Esto entre otras cosas, es el resultado de la falta de competencia en el sector y la poca capacidad del gobierno de regular a una sola empresa. Precisamente uno de los objetivos de la privatización era promover la competencia y de esta manera mejorar integralmente la prestación del servicio, tanto en la calidad como en el precio.
Entre las posibles soluciones a este problema no se puede considerar el retorno al sistema estatal de propiedad y administración del sistema eléctrico. Esto es inaceptable para las instituciones como el FMI, BID, Banco Mundial, etc., además eso sería caer en un círculo vicioso que no conduciría a nada.
Una alternativa que se ha practicado en algunos países, incluso Estados Unidos, es la creación de empresas municipales de distribución, separadas de las grandes empresas, que al constituirse en grandes consumidores pueden negociar directamente con las empresas de generación obteniendo en muchos casos ahorros que se traducen en tarifas más bajas al consumidor final.
Estas empresas municipales pueden capitalizarse mediante la venta de acciones a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que se interese en el negocio, y no necesariamente tienen que ser propiedad de las alcaldías.
La formación de estas empresas se ajusta a los objetivos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), uno de los cuales es “la Promoción de una efectiva competencia y atracción del capital privado, con el fin de incentivar su participación en la industria eléctrica”. (arto. 2, LIE). Además el Arto. 3 de la misma LIE que “Las actividades de la industria eléctrica, por ser elemento indispensable para el desarrollo de la Nación, son de interés nacional”.
La formación de una sola empresa, tal es el caso actual, sí es violatoria de la LIE, ya que no sólo tiene una posición dominante en el mercado, sino que constituye un verdadero monopolio.
Los estudios de factibilidad de estas empresas pueden gestionarse ante instituciones como el BID, el Banco Mundial, la AID y otras que han mostrado siempre interés en ayudarnos en estos asuntos, vitales para el desarrollo del país.
El autor es ingeniero.
