Los diputados justifican las modificaciones que hicieron al proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo —modificaciones que provocan el incumplimiento de los acuerdos de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— con el argumento de que beneficiaron con aumentos de sueldos a los empleados públicos de salud, educación, Policía y Ejército; y que favorecieron a los municipios al pasarles recursos que estaban programados para el Fondo de Inversión Social de Emergencia (Fise) y al Instituto de Fomento Municipal (Inifom).
Pero la verdad es que el aumento para los empleados públicos de los sectores mencionados sería insignificante, y en todo caso mucho menos importante que los cuantiosos recursos para escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, empleos, etc., que se perderían al violar Nicaragua los acuerdos con el FMI.
Y ahora, en vez de corregir el grave daño que han hecho y de disponerse a aceptar el veto al presupuesto que inevitablemente tiene que presentar el Presidente de la República, los diputados insisten en su posición y dicen que lo que se debe hacer es “cobrar el Impuesto sobre la Renta no pagado en años anteriores por los bancos del Sistema Financiero Nacional entre 1998 y 2001”. Tal como lo dijo el líder sandinista Daniel Ortega, quien al parecer ha asumido la representación de todos los diputados enemigos de los acuerdos con el FMI. Según Ortega “los bancos obtuvieron ganancias por mas de 80 millones de dólares, y de acuerdo a cifras del Banco Central, no han pagado el 25 por ciento de impuestos, cuyo cobro representaría ingresos para el gobierno de al menos 20 millones de dólares, que contribuirían a cerrar el déficit global del Presupuesto” (LA PRENSA, sábado 18 de enero de 2003).
Pero lo que ocurrió, en realidad, fue que algunos de los bonos del Estado tuvieron que ser subastados con altos intereses, y todos exonerados por ley, a fin de poder conseguir los fondos necesarios para pagar las indemnizaciones por la piñata sandinista, y para garantizar el dinero de los cuenta habientes de los bancos que fueron quebrados; cuyos principales defraudadores quedaron en la impunidad porque forman parte de las cúpulas políticas, o son protegidos por éstas.
Sin dudas que los diputados tienen derecho a criticar las medidas contenidas en los acuerdos de Nicaragua con el FMI, y a proponer que se modifiquen. También tienen derecho a participar en las negociaciones con los organismos financieros internacionales, y como dijimos ayer fue un error del Poder Ejecutivo no haber integrado en ellas a representantes de las bancadas liberal y sandinista.
Pero eso no justifica la irresponsabilidad de sabotear los acuerdos con el FMI, es decir, con la comunidad internacional. Ni les da derecho a impedir que el país obtenga los recursos financieros que necesita urgentemente para llevar adelante los planes de reducción de la pobreza. Ni es motivo para echar a perder la posibilidad única que tiene el país de que la deuda externa sea perdonada hasta en un ochenta por ciento.
Los diputados pueden, si quieren, revisar las condiciones legales en que fueron librados y negociados los bonos del Estado. También pueden proponer una nueva ley para hacer que los banqueros paguen los debidos impuestos sobre todos sus beneficios, e igual para todo mundo. Pero eso tendría que ser para el futuro, no para lo que ya se hizo, pues la retroactividad de la ley está prohibida constitucionalmente salvo en la materia penal cuando sea en beneficio del reo. Y esa prohibición es sagrada precisamente porque la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos es la base incondicional de la estabilidad política y del Estado de derecho.
Por otro lado, los diputados pueden igualmente legislar para hacer desaparecer al Fise y el Inifom, y que los municipios reciban directamente los recursos externos, pero esto tienen que consultarlo con los donantes y en todo caso sería para el futuro.
Mientras tanto, los diputados están obligados política y éticamente a rectificar lo malo que hicieron con el presupuesto y a respetar los acuerdos de Nicaragua con el FMI. Y como decíamos ayer, al menos los diputados que no son socialistas y entienden bien este problema, tienen que aceptar el veto ante la Asamblea Nacional que debe presentar el Poder Ejecutivo.
