Javier Álvarez Zelaya
Los excesos que se perciben en la contratación de asesores y consultores en todas las instancias estatales ha causado un amplio clamor popular urgiendo una enérgica y profunda corrección. Apartando los colores políticos, se hace necesario que la Asamblea Nacional promulgue una ley para que todos los préstamos, donaciones, convenios o concesiones que firme el Estado de Nicaragua, con cualquier organismo, persona o país tengan un límite para el número de consultores y asesores extranjeros que pueden ser contratados. También se establecería un límite o techo del 1 por ciento del total del préstamo o convenio firmado, para ser gastado en asesorías, salarios, honorarios, estipendios, exoneraciones, comisiones, viáticos, o cualquier forma de compensación a consultores, asesores o empleados extranjeros.
En caso de asesores y/o consultores nacionales, el límite sería el 2 por ciento. Mañana ya es tarde para frenar el festín opíparo con que se paga a tanto consultor extranjero, con dinero proveniente de préstamos atados y cuyos rendimientos están muy por debajo de lo esperado.
Además, se debe asegurar que cada consultor, asesor o empleado extranjero, pague los correspondientes aportes al IR y al Inss.
Igual debería cobrarse IR e Inss a compañías o firmas de ingenieros, arquitectos, contables y otras que desde el extranjero o en Nicaragua realizan trabajos o servicios para compañías privadas en Nicaragua.
Mensualmente debería publicarse un listado del total de consultores, segregando extranjeros de nacionales, e informando de c/u: nacionalidad de origen, fondos que se usan para pagarles, programa, proyecto o ministerio para el que trabaja; monto del dinero pagado; cantidad aportada al IR e Inss; trabajo específico que realiza; logros que se esperan alcanzar con su trabajo y avances logrados.
