Leonel Arana [email protected]
Algunas personas prominentes, entre ellas el editorialista de LA PRENSA, han argumentado con elegante lógica que ante las acusaciones de la Fiscalía corresponde al presidente Bolaños renunciar a la inmunidad que su cargo le provee y enfrentar la justicia común, de la cual, alegan, si es inocente saldría airoso, y si es culpable, justamente condenado. Sesudos analistas que han llegado casi al fondo del asunto han expuesto en forma tan clara tal obligación que es fácil coincidir con ellos en que para predicar con el ejemplo el Presidente debe renunciar a su inmunidad y ponerse a la orden de los tribunales.
Confieso que cuando la Fiscalía presentó la denuncia y el Presidente anunció que iba a renunciar a su inmunidad mi reacción fue de aplauso ante esa valiente decisión. Sin embargo, recientemente di mi apoyo total a un comunicado suscrito por una organización de nicaragüenses que como yo se preocupan hondamente por el futuro de Nicaragua en el que se le pide, casi se exige al presidente Bolaños que no lo haga.
Voy a explicar por qué he llegado a esa conclusión.
Sucede que el presidente Bolaños fue electo por una amplia mayoría que con su voto le dio el mandato de desmantelar la corrupción gubernamental que en Nicaragua está institucionalizada de hecho, lo cual es una condición sine qua non para hacer viable cualquier intento de recuperación económica. Sucede también que el caso en que se pretende involucrar al Presidente no es semejante al caso de Alemán, pues mientras a éste se le acusa de fraude y peculado en perjuicio del país los cargos contra Bolaños, en sustancia, aunque hayan sido presentados de otra forma se refieren a supuestos financiamientos indebidos para sus gastos de campaña, es decir, a violaciones técnicas. Surgen entonces las preguntas, ¿quién manejaría el juicio contra el Presidente y cómo y qué efectos tendría este juicio sobre la lucha contra la corrupción y por ende sobre las posibilidades que hoy tienen los nicaragüenses de mejorar su situación económica? ¿Le conviene al FSLN que del juicio emerja un Bolaños exonerado y revitalizado que pueda así seguir con mayores fuerzas la lucha contra la corrupción gubernamental?
Las respuestas a estas interrogantes nos llevan a la parte casi kafkiana del asunto, pues quien manejaría este juicio político contra Bolaños sería el FSLN, sobre el que existen presunciones de que cometió durante la campaña electoral violaciones más graves que las que se le imputan a Bolaños, y lo haría por medio de su brazo en la Corte Suprema cuya presidenta ya expresó su deseo de juzgarlo sin preocuparle que no exista un procedimiento para ello. Es claro también que al FSLN no le conviene que de tal juicio salgan ilesos ni el Ing. Bolaños, ni el Dr. Rizo ni Jaime Cuadra y que al caer de sus puestos estas personas se produciría una situación de caos mucho peor que la que recientemente vivió Argentina y nadie en su sano juicio puede pronosticar sobre quién finalmente después de toda esta odisea recaería la Presidencia, ni cuál sería su costo social.
Es por eso que al sopesar los riesgos que conllevaría la opción, de la renuncia a la inmunidad, que podríamos llamar digna, elegante, de clase, etc. pero que en el fondo sería irresponsable, versus la otra opción, la de no renuncia, a primera vista poco digna, poco elegante, pero en el fondo valiente, pues se necesita mucho valor para tomar el camino difícil del sacrificio del orgullo, es inevitable que los nicaragüenses que nos preocupamos únicamente por Nicaragua hayamos hecho la recomendación que hicimos.
El autor es economista
