Como se esperaba, la comisión parlamentaria para dictaminar la solicitud de desafuero de Arnoldo Alemán, David Castillo, Marta McCoy y María Dolores Alemán, recomendó privar de su inmunidad a los tres primeros para que respondan ante la justicia por las acusaciones de corrupción.
Desde el 19 de septiembre pasado, cuando se destituyó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que presidía Arnoldo Alemán y se formó la comisión parlamentaria de desafuero, se podía predecir que el dictamen sería favorable a la privación de la inmunidad de los políticos mencionados, lo que sin embargo no significa que el desafuero sea inevitable.
Sin dudas que este dictamen es trascendental e histórico. Nunca, desde que se estableció la República en 1821, un ex presidente y mucho menos un presidente en ejercicio ha sido despojado de su inmunidad ni enjuiciado por corrupción. En la historia nacional doce gobernantes (jefes de Estado, directores supremos y presidentes de la República) fueron derrocados u obligados a renunciar; inclusive fueron asesinados cinco gobernantes (los jefes de Estado Benito Pineda, en 1827; Manuel Antonio de la Cerda, en 1828 y José Zepeda, en 1837; el presidente Anastasio Somoza García, en 1956; y el ex presidente Anastasio Somoza Debayle, en 1980). Es hasta ahora que se presenta la posibilidad de que un ex presidente sea juzgado por corrupción, y según parece, para impedirlo hay quienes quieren derrocar de manera “legal” al Presidente Bolaños.
Pero a pesar de que el dictamen de la comisión parlamentaria recomienda el desafuero de Alemán todavía está por verse que sea privado de su inmunidad. Esta decisión debe tomarla el Plenario de la Asamblea Nacional con una mayoría no menor que la mitad más uno de todos sus integrantes, o sea 47 diputados. Y la verdad es que desde el 19 de septiembre, cuando se formó la nueva mayoría parlamentaria integrada precisamente por 47 parlamentarios (38 sandinistas y 9 de la bancada azul y blanco y disidentes del arnoldismo), ésta se ha podido mantener sólo de manera precaria y últimamente ni siquiera pudo establecer quórum para que la Asamblea Nacional pudiera sesionar. Una situación que se ha empeorado porque el “voto 47”, o sea el diputado Fernando Avellán, se enfermó de súbito precisamente cuando el proceso de desafuero de Arnoldo Alemán entraba a la recta final.
Además, la posibilidad real de que la Asamblea Nacional apruebe el desafuero del ex presidente Alemán, se ha visto debilitada ante la actitud del Presidente Bolaños de retractarse de la decisión de renunciar inmediatamente a su inmunidad por la denuncia o acusación que le hizo la Fiscalía arnoldista-sandinista por supuestos delitos electorales, pues según los asesores y defensores presidenciales se trata de una conspiración política y además no hay garantías ni existe procedimiento para que se haga un juicio justo al Presidente de la República.
Pero aunque los delitos que se les imputan a uno y otro son muy diferentes, es básicamente el mismo argumento de Alemán y Bolaños, el de que no renuncian a la inmunidad porque es un juicio político y porque no se confía en que haya un juicio justo.
Nosotros dijimos desde el primer momento y lo hemos reiterado desde entonces que el Presidente Bolaños debió renunciar a su inmunidad inmediatamente después de la denuncia o acusación de la fiscalía arnoldista-sandinista por supuestos delitos electorales. Y debió hacerlo no sólo porque si es inocente podría demostrarlo fácilmente y contra acusar a sus acusadores, sino también porque para desaforar a Alemán y llevarlo a los tribunales se necesita que el Presidente Bolaños esté respaldado por una inmensa fuerza política y moral, pero al negarse a renunciar a su inmunidad —y aunque la mayoría de la gente apoya esta decisión, según la encuesta rápida de M&R— se coloca de alguna manera en la misma posición de Ortega y Alemán.
Es plausible, pues, que la comisión recomendara el desafuero de Alemán, pero se ve muy difícil que el Plenario de la Asamblea Nacional lo apruebe. Y lo más probable es que esto termine en un acuerdo de connivencia basado en la vieja regla de los políticos nicaragüenses, de que “yo no te toco para que vos no me toqués”.
