Julio Ignacio [email protected]
Mucha gente está preocupada porque piensa que le están tendiendo una trampa muy peligrosa al presidente Enrique Bolaños y al vicepresidente José Rizo. Y algunos representantes internacionales, como los del europeo Grupo de los Seis, han manifestado su preocupación por la situación planteada, y por el incierto desenlace político que pudiera ocurrir. Además, representativos de la sociedad civil, como el INDE, son de la opinión que el presidente Bolaños y el vicepresidente Rizo, no deben renunciar.
Personalmente soy del criterio que en realidad no lo deben hacer, pues renunciar a la inmunidad, aunque se crea que no es honesto, en una situación como la que existe en Nicaragua sería un riesgo demasiado alto, y cualquier cosa podría pasar. Es mejor que corran el riesgo de recibir críticas por no hacerlo —aunque estoy seguro que el pueblo consciente lo comprenderá—, antes de exponer a la nación y al país a la inestabilidad, a la anarquía y a la incertidumbre, pues se rompería el último vestigio de institucionalidad que nos queda.
Ni el Presidente, ni el Vicepresidente deben renunciar a la inmunidad, y su ofrecimiento de buena fe sería ejemplar y apreciado, si viviéramos en una civilización normal. Pero una renuncia a la inmunidad en medio de la jungla que es la política de Nicaragua, con los tigres, los leones, los lobos, las hienas y las víboras sueltas por las calles, una especie de Roma en la época de los Borgia, con alianzas en la oscuridad de medianoche, con las puñaladas en la espalda a la orden día, con los estiletes listos y bien afilados, donde no existen los principios ni moral, de ninguna clase ni siquiera entre los ministros de la principal iglesia, donde no se puede confiar en nada ni en nadie, y donde las lealtades solamente existen para los intereses y los bolsillos de cada cual, la renuncia a la inmunidad de Bolaños y Rizo, por las posibles consecuencias, sería más bien una imprudencia.
Creo que el presidente Bolaños, y el vicepresidente Rizo deberían también pensar y tener en cuenta, por arriba de sus sentimientos personales, su responsabilidad ante la nación por la investidura de sus cargos, que podría ser seriamente afectada y dañada de hacerse efectiva la renuncia, pues sería un precio demasiado alto a pagar por todos, y sin ninguna garantía de solución a la vista.
El autor es jurista, residente en EE.UU.
