Algunos asesores y amigos del presidente Enrique Bolaños le han aconsejado que no renuncie a la inmunidad para enfrentar la denuncia o acusación de la Fiscalía por supuestos delitos electorales, o sea, que se retracte de la declaración que dio acerca de que renunciaría a ella de manera inmediata.
Quienes así aconsejan al Presidente, dicen que él no se debe poner a merced de los que quieren procesarlo; que sus enemigos liberales y sandinistas pretenden derrocarlo “legalmente”; que el vicepresidente José Rizo ya anda maniobrando para sustituirlo en la Presidencia; y que un juicio contra él —que a juzgar por declaraciones de la presidenta sandinista de la Corte Suprema de Justicia ella estaría ansiosa por impulsarlo— agravaría la crisis económica y conduciría al caos al país.
También se esgrimen argumentos legales para convencer al presidente Bolaños de que no debe renunciar a su inmunidad, como los de que no hay procedimiento para juzgarlo; que la ley no dice ante qué institución debe renunciar a la inmunidad; que la acción de la Fiscalía es inconsistente, contradictoria e improcedente; y que si Alemán, Julio Centeno y Daniel Ortega quieren procesarlo, pues que busquen los dos tercios de votos parlamentarios que son indispensables para que la Asamblea Nacional lo pueda desaforar.
Nosotros, en cambio, hemos señalado y reiteramos ahora que aunque la denuncia o acusación de la Fiscalía sea una farsa perversa fraguada por Alemán para tratar de evadir el desafuero y el juicio por corrupción, el presidente Bolaños debió haber renunciado a su inmunidad inmediatamente, ya sea porque es inocente y puede desenmascarar la falsedad de sus acusadores, o porque si es culpable, nadie debe estar por encima de la ley, tal como él mismo lo ha proclamado.
Quienes aconsejan al presidente Bolaños no renunciar a la inmunidad ni poner en riesgo el poder presidencial, parecen tener razón si el asunto se ve desde un punto de vista político. Desde los tiempos de Maquiavelo existe el axioma de que lo más importante para un político es subir al poder, y después, conservarlo como sea. Según este criterio, el peor defecto de un político es fracasar, aunque no sea por su culpa; que lo que cuenta realmente es el éxito a cualquier precio, pues el político triunfador puede hacer feliz a su pueblo, mientras que el fracasado no puede hacer nada por nadie, por muy idealista e íntegro que sea. De manera que a partir de este “principio” maquiavélico, ningún político en ninguna parte del mundo renuncia al poder ni le facilita las cosas a sus adversarios para que se lo quiten.
Pero así como hay un enfoque político también hay un criterio ético, que según nuestro punto de vista y el interés de la gente es lo primordial. Y este criterio indica que más importante que el poder es la dignidad, la honra y la ética de una persona íntegra, para quien el gobierno no es un fin en sí mismo sino el medio y la oportunidad para servir y procurar el bien a la sociedad.
Por ese mismo cuento de que para conservar el poder hay que pagar el precio que sea, fue que en el pasado reciente se perpetró y aceptó el terrible despojo de la piñata sandinista, y se ejecutó el oprobioso pacto libero-sandinista de 1999 que pervirtió las incipientes instituciones democráticas de Nicaragua. Y precisamente por eso fue que el ahora presidente Bolaños los denunció y condenó públicamente.
Las llamadas personas “pragmáticas” dicen que ahora vivimos en la época de la anti política en la que los héroes y referentes cívicos no tienen cabida, que se terminaron los valientes que defendían las causas nobles inclusive con sus vidas, como el Dr. Pedro Joaquín Chamorro. De esa manera lastimosa justifican la cobardía y la pequeñez de quienes ahora dirigen la política.
Pero, don Enrique, ¿se portará igual que cualquier político “pragmático”, como Ortega y Alemán, o se hará acreedor “al honor de ser recordado como el mejor Presidente de la historia de Nicaragua, recordado como un estadista y no como un político”, como lo prometió en su discurso inaugural a la nación, el 10 de enero de 2002?
