Es lamentable que el Gobierno haya cancelado la celebración en Nicaragua de los Octavos Juegos Deportivos Centroamericanos, que debían efectuarse aquí en 2005.
El deporte, así como el comercio, es un medio efectivo para promover la cooperación y la amistad entre los pueblos, que son indispensables para afrontar exitosamente los retos de la modernización y la globalización. Además, la celebración de los juegos centroamericanos —que requería una inversión de unos cuarenta millones de dólares, muchísimo menos que lo que se han robado los políticos corruptos en un sólo período de gobierno— hubiera inyectado a los nicaragüenses una buena dosis de entusiasmo y autoestima nacional.
Pero también es vergonzosa la cancelación de los Juegos Centroamericanos porque la verdadera razón para que los cancelaran es la incapacidad de “nuestra” clase política, y porque ésta es la tercera vez en los últimos veinte años que Nicaragua no puede organizar un evento deportivo de nivel y magnitud modestos, como son las competencias del istmo. Y además, es deleznable el pretexto de que se canceló la celebración de los juegos para no quitarle recursos a educación y salud públicas, porque no es cierto que ahora estos rubros van a recibir más recursos económicos y materiales del Gobierno.
Lo que pasa es que los sectores políticos y gobernantes no tienen la visión y el coraje necesarios para impulsar empresas de gran utilidad social. Y menos cuando se pone al frente de los organismos encargados del deporte a personas que no tienen capacidad ni vocación deportiva, sino para pagarles servicios políticos de campaña electoral con jugosos sueldos, estipendios y otros beneficios a cuenta del Estado.
Es cierto que no siempre se puede hacer lo que se quiere, que la crisis económica y política no hace un ambiente apropiado para montar un evento deportivo internacional como los Juegos Centroamericanos y que los recursos que se asignan al deporte en Nicaragua son ridículos. En efecto, mientras en los demás países centroamericanos se destina al fomento deportivo un promedio de tres dólares anuales por habitante, Nicaragua asigna apenas dieciséis centavos de dólar.
Sin embargo era factible montar aquí los Juegos Centroamericanos siempre y cuando se hubiera puesto al frente de su organización a personas con capacidad, experiencia y vocación deportiva —no a políticos a quienes se les premia con cargos y sueldos públicos—, y si hubiera la comprensión de que el deporte es un medio efectivo para paliar la crisis y un excelente escape al agobio por la desesperanza y la pobreza material en que se encuentra la mayor parte de los nicaragüenses.
Precisamente, en situaciones como ésta es que se necesita confiar en la población y emprender grandes proyectos que motivan y unen a todos los ciudadanos, como las competencias deportivas, que promueven a los héroes populares, levantan la moral de la gente y le hacen olvidar las frustraciones que provocan la corrupción y los interminables pleitos de los políticos.
El deporte es como una empresa que —bien manejada por personas con vocación deportiva y garra empresarial, y que además se distingan por su profesionalismo e integridad— puede ser rentable inclusive económicamente, aparte de que cultiva la sanidad corporal y mental de grandes cantidades de personas.
Ahora las autoridades deportivas dicen que la cancelación de los Juegos Centroamericanos es una oportunidad para demostrar que se puede promover el deporte sin necesidad del apremio de eventos internacionales. Pero no creemos que de verdad quieran y puedan hacer lo que dicen. A menos que comiencen con un cambio drástico, por lo menos en la composición del gasto del Injude, que en la actualidad dicen que es de 55% para mantenimiento de instalaciones y fomento del deporte, y 45% para sueldos y administración.
En realidad, para que funcione la organización deportiva nacional habría que poner al frente de ella a las personas apropiadas, así como asignar el 80% de su presupuesto al fomento del deporte y sólo 20% a sueldos y beneficios personales, o sea al revés de como es ahora. Pero esto es prácticamente imposible en Nicaragua, donde la participación en el Gobierno no es para servir, sino para garantizarse un modo de vida con los recursos del Estado.
