Tal pareciera que la estrategia de enredarlo todo para que nadie resulte condenado en el proceso por delitos de corrupción que se está ventilando en los juzgados capitalinos, le está dando buen resultado a Arnoldo Alemán, Byron Jerez y demás acusados por la Procuraduría General de Justicia.
En realidad, es comprensible que el ex presidente Arnoldo Alemán y compañía traten de escapar a una condena que parece inminente e ineludible a juzgar por las pruebas abundantes y contundentes que pesan contra ellos, con la estrategia de enredar el asunto y alegar que el dinero sustraído de instituciones del Estado y que habría sido “lavado” por la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) se usó para financiar la campaña electoral del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Es comprensible también que los defensores de Alemán, abrumados por las pruebas que ha presentado la Procuraduría, planteen disparates como el de que se debe destituir al presidente Enrique Bolaños porque su campaña electoral fue financiada por el PLC. Y no debe causar extrañeza que para meter más confusión en el proceso y pringar con la corrupción a todo mundo, acusen al presidente Bolaños y a un montón de personas que fueron o son funcionarios gubernamentales, de que recibieron complementos salariales en dólares que el ex presidente Arnoldo Alemán les entregaba “por debajo de la mesa”, de manera personal o mediante un administrador financiero de Casa Presidencial.
Pero una juez de tanta experiencia como la doctora Juana Méndez —cuyo juzgado lleva la causa contra el ex presidente Alemán y compañía— no debe caer en esa burda trampa. Ella sabe perfectamente que no hay en la ley ningún asidero para anular las elecciones y destituir al presidente Bolaños, y, por lo tanto, no debería perder el tiempo indagando a funcionarios y ex funcionarios que recibieron complementos de sueldos en el gobierno anterior, sino concentrarse en la investigación de los cien millones de dólares que sustrajeron de las arcas del Estado, sobre lo cual hay pruebas contundentes.
Sin duda que la “compensación” salarial en dólares que el ex presidente Alemán concedía por debajo de la mesa a numerosos funcionarios y empleados públicos a su servicio, era una de las tantas formas de corrupción que se practicaron en los gobiernos anteriores, un mecanismo perverso para que los altos funcionarios públicos guardaran gratitud al “hombre” de turno en el poder, que se practicó desde los tiempos del régimen sandinista hasta que el presidente Bolaños lo suprimió a principios de este año.
La verdad es que no debe haber ninguna clase de compensaciones para nadie que ejerce la función pública, ni siquiera “sobre la mesa”, como se hace ahora con los “estipendios”. El sueldo del funcionario debe ser acorde con la realidad económica del país y con las posibilidades presupuestarias del Estado, y debe entregarse sólo mediante el cheque fiscal. Y quien crea que ese salario es poco, debería buscar otro empleo mejor remunerado.
Por otro lado, el fiscal general de la República, doctor Julio Centeno Gómez —quien es uno de los tantos altos funcionarios gubernamentales agraciados con los complementos salariales que repartía el ex presidente Alemán—, declaró la semana pasada que él devolvería al Estado el dinero que recibió por ese concepto, siempre y cuando todas las demás personas que lo recibieron también lo devuelvan. Pero el señor Fiscal no debería esperar a que los demás salden esa deuda económica y de honor con el Estado y el pueblo. Él debería predicar con el ejemplo y devolver de inmediato la parte que le corresponde, pues la persona es honesta simplemente porque debe serlo y no sólo en el caso de que lo sean los demás.
Por su parte la juez Juana Méndez —a quien en reiteradas ocasiones le han recordado sus antecedentes y afinidades políticas— tiene en su conciencia la inmensa responsabilidad de cumplirle a la nación juzgando a los acusados con base en las pruebas presentadas, sin dejarse confundir por las estratagemas de los acusados y sus defensores, ni presionar por ningún interés material político o ideológico. La ciudadanía confía en que la doctora Méndez dictará la sentencia correspondiente apegada sólo a los principios de la ley y la justicia. Esperamos que así sea.
