Una parte sustantiva de la estrategia del ex presidente Arnoldo Alemán para evitar ser llevado ante los tribunales de justicia, consiste en hacer contraacusaciones para distraer la atención pública del juicio incoado en contra suya y de un grupo de sus familiares y allegados por los delitos de lavado de dinero, malversación de caudales públicos, fraude, asociación para delinquir y proposición para cometer delito.
Para ello, los arnoldistas pretenden hacer creer que la campaña electoral del ahora Presidente Enrique Bolaños fue financiada con fondos del Estado a través de la Fundación Democrática Nicaragüense. Sin embargo, Miguel Angel García, administrador de esa campaña, ha mostrado documentos debidamente auditados, y con el visto bueno de la Contraloría General de la República y del Consejo Supremo Electoral, que demuestran que no se recibió dinero de esa fundación, pero aún así, los arnoldistas están presionando para que se declaren nulos los comicios en los que salió electo Presidente de la República el ingeniero Enrique Bolaños. El Frente Sandinista ha recibido con beneplácito esa denuncia porque podría eventualmente beneficiarlo.
Sin embargo, el doctor Mariano Fiallos Oyanguren, ex presidente del Consejo Supremo Electoral, cree que ya no es posible que el Consejo Supremo Electoral declare nulas las elecciones del año pasado. Lo que sí es evidente es que el Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, ha recogido esas denuncias y —con una diligencia nada común en él— ha girado instrucciones a la Contraloría General de la República para que haga las investigaciones del caso. Es obvio que Centeno Gómez —el mismo que mientras fue Procurador de Justicia jamás se dio por ofendido ante las denuncias de múltiples actos delictivos en contra del Estado— está ahora actuando diligentemente para encubrir al diputado Alemán, a quien debe su nombramiento como Procurador General en el gobierno pasado, y su posterior elección como Fiscal.
De todos es sabido que uno de los grandes trabones que existen para que la justicia siga su curso en las acusaciones contra Alemán, es que éste ejerce control sobre la junta directiva de la Asamblea Nacional. Ésta se resiste a permitir que el plenario decida si quitarle o no la inmunidad parlamentaria, tal como ha sido solicitado por un mandato judicial que ha sido refrendado por una resolución de un Tribunal de Apelaciones.
La estrategia de defensa de Alemán, en consecuencia, sigue dos carriles: por un lado, impide su desaforación en la Asamblea para que el juicio en su contra no pueda moverse con la rapidez debida, y, mientras tanto, activa las instituciones del Estado bajo su control para que metan ruido y distraigan la atención pública de las acusaciones en su contra.
Alemán puede estar seguro de que controla la directiva del Parlamento, la Contraloría General de la República y al Fiscal General, pero no puede controlar la opinión pública que, en un 83 por ciento, ha decidido que las pruebas presentadas en su contra por la Procuraduría General de la República la semana pasada son veraces y contundentes. Así lo evidencia una encuesta que la firma M y R Consultores hizo la semana pasada.
Se sabe que es inútil pedirle a la Contraloría General de la República, a la junta directiva de la Asamblea Nacional y al Fiscal General que no se presten al juego de Alemán, pero no puede caber ni la menor duda de que tarde o temprano prevalecerá la justicia. El pueblo nicaragüense está consciente de que Alemán tiene que responder ante los tribunales por los delitos que se le imputan, y no está dispuesto a permitir que, haciendo uso de su inmunidad parlamentaria, termine burlándose de la justicia e impidiendo que las cosas sigan el cauce de normalidad y progreso que los votantes anticiparon cuando depositaron su voto por don Enrique Bolaños.
Para Nicaragua es de vital importancia que este asunto se resuelva cuanto antes. Los diputados liberales deberían tomar conciencia de que tienen en sus manos la posibilidad de resolverlo y de conservar, simultáneamente, la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero la consecución de ambas cosas pasa, necesariamente, por permitir que Arnoldo Alemán se someta, al igual que cualquier otro ciudadano, al imperio de la ley.
