Los representantes de los partidos que controlan la Asamblea Nacional, PLC y FSLN, están a la cabeza del rechazo a la propuesta de reforma fiscal que presentó el Poder Ejecutivo, que sólo dejaría ocho artículos de primera necesidad libres de impuestos y suprimiría las exoneraciones a instituciones y personas que gozan de dicho incentivo y privilegio.
¡Vaya desfachatez! Es impresionante la cara dura de estos políticos, pues ellos mismos son los culpables de que el Gobierno actual tenga que imponer las nuevas medidas fiscales, que sin dudas perjudicarán a las mayorías populares pero que son una consecuencia inevitable del pacto libero-sandinista de 1999, de la corrupción desmedida que hubo durante el gobierno anterior, e inclusive de la piñata sandinista.
En realidad, por culpa del pacto se aumentó la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y de la Contraloría General de la República. Debido al pacto se incrementaron los sueldos y gratificaciones de los 184 diputados propietarios y suplentes, y se multiplicaron las asignaciones presupuestarias a dichas instituciones, porque además de los jugosos sueldos asignados a los nuevos altos funcionarios, hubo que dotarlos de oficinas, asesores y asistentes, personal de oficina y de seguridad, vehículos de lujo, tarjetas de crédito y otros privilegios que disfruta la alta burocracia estatal de Nicaragua.
¿Y de dónde iba a salir ese incremento desmesurado del gasto público sino de nuevos y mayores impuestos pagados por la minoría de nicaragüenses que trabaja y produce para financiar al Estado? Además, los centenares de millones de córdobas que se robaron los corruptos durante el gobierno anterior; los centenares de millones en pérdidas causadas por los gigantescos fraudes bancarios; y los 7,600 millones de córdobas que todavía se debe a las personas naturales y jurídicas que fueron despojadas de sus propiedades durante la piñata sandinista, también tienen que ser pagados con los impuestos de la población trabajadora y productiva.
Cuando las cúpulas del PLC y del FSLN estaban negociando el pacto libero-sandinista, sólo unas cuantas personas honestas e iluminadas salieron a la calle para protestar y tratar de impedir que consumaran ese monstruoso crimen contra el pueblo. Lamentablemente la mayoría de la población permaneció indiferente a la agresión que estaban fraguando las cúpulas arnoldista y sandinista, y ahora hay que pagar el precio de aquella indiferencia con los nuevos y mayores impuestos que contempla la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.
Inclusive los organismos financieros internacionales, que se muestran particularmente duros en sus exigencias al actual gobierno, son culpables en parte de lo que está sucediendo, pues más rigurosos tenían que haber sido con los políticos corruptos que estaban negociando el pacto para incrementar desmedidamente el gasto público y repartirse el botín del Estado. La verdad es que hubiera bastado con que los organismos internacionales advirtieran que no habría más cooperación externa si se consumaba el pacto, para que Alemán y Ortega se abstuvieran de perpetrar aquella confabulación cuyas consecuencias ahora tienen que pagar los nicaragüenses que trabajan y producen, y en general todo el pueblo de Nicaragua, ante lo cual los pactistas se rasgan las vestiduras y pretenden encabezar las protesta contra la reforma fiscal y el inevitable recorte en la planilla gubernamental.
Pero la verdad es que no debería ser necesario perjudicar a la población y desincentivar la actividad económica del país con nuevos y mayores impuestos. Los recursos económicos que se necesitan imperiosamente para superar o disminuir la brecha fiscal se podrían obtener con sólo reducir la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría. Eso, sumado a la austeridad y honestidad con que ahora se gobierna, sería más que suficiente para reducir el gasto público en la magnitud que se necesita para balancear el Presupuesto y hacer méritos para obtener la cooperación externa.
Sin embargo, hacer una reforma de tal magnitud no está al alcance de la envilecida clase política dominante, y desafortunadamente no tiene comprensión de ella la mayoría de nicaragüenses, que debe por lo tanto pagar con los nuevos impuestos y el aumento del desempleo las consecuencias del pacto, la corrupción y la piñata.
