La ciudadanía no puede salir de su asombro ante la desmesurada reacción del Ejército y la Policía contra el redactor de LA PRENSA, Luis Felipe Palacios, por una información sobre el mayor general Roberto Calderón que publicamos el jueves 18 de julio y que la institución castrense estimó incorrecta y ofensiva para dicho oficial.
Como es sabido, la Policía obligó al periodista Palacios a presentarse de inmediato a rendir declaración sobre la información antes señalada, ante la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC); y además, el jefe de la DIC, subcomisionado Denis Tinoco Zeledón, amenazó a los periodistas de LA PRENSA que acompañaron al redactor Felipe Palacios para cubrir informativamente el hecho insólito que estaba ocurriendo y obligó a nuestro reportero gráfico, Manuel Esquivel, a velar un rollo de película en el que a juicio del iracundo y represivo oficial de la Policía se habían impreso tomas del hecho noticioso.
Al respecto el abogado de LA PRENSA, doctor Fanor Avendaño, declaró que la acción policial contra Palacios significaba de hecho una amenaza contra el periodismo, y que se estaba creando un precedente muy peligroso porque a partir de ahora todos los periodistas podrían ser llamados y obligados a comparecer ante la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, por cualquier información que no le guste a los militares, a los policías y a los funcionarios públicos en general.
Compartimos la opinión y la preocupación del doctor Avendaño, y exhortamos a las autoridades gubernamentales, particularmente a los mandos e integrantes en general de las fuerzas armadas, militares y policiales, a que respeten el derecho a la libertad de expresión y de información que es por cierto la conquista más importante y tangible del proceso de democratización de Nicaragua, algo que nosotros mismos hemos reconocido y destacado inclusive en foros internacionales.
Por otro lado, como señalamos en el pie de la carta del jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército, coronel Jorge Ramón Arnesto Soza, que publicamos en nuestra edición de ayer viernes 19 de julio, LA PRENSA no ha tenido ni tiene “la intención de perjudicar la imagen personal ni el prestigio profesional del mayor general Roberto Calderón”. Y además, reconocemos y nos disculpamos por el error estrictamente periodístico cometido en la mencionada información, pero también denunciamos y repudiamos enérgicamente la reacción represiva del Ejército y la Policía contra este Diario y sus periodistas.
En este sentido nos llama poderosamente la atención, y nos preocupa, la aseveración que hizo a los periodistas el jefe del Ejército, general Xavier Carrión, de que “existen intereses oscuros en estas declaraciones que quieren afectar a la institución que tiene las armas”; lo mismo que la llamada telefónica que hizo a LA PRENSA el mayor general Roberto Calderón, para decir que él tenía información de que la publicación que lo molestó y lo perjudicaba fue deliberadamente ordenada por el editor general y el jefe de redacción de este Diario.
Comprendemos la molestia de los militares por lo que publicamos el jueves pasado pero nos parece que los generales Carrión y Calderón están viendo fantasmas. El Ejército es una realidad que para algunos existe como una de las pocas conquistas sobrevivientes de la revolución sandinista, para otros como una necesidad institucional, y para muchos más como un mal inevitable, porque en Nicaragua se perdió la oportunidad de disolverlo como lo hicieron en Costa Rica, Panamá y Haití, pues sólo desgracias han provocado a lo largo de la historia los militares politizados y los políticos militarizados.
La posición de LA PRENSA con respecto al Ejército, antes llamado Sandinista y ahora Nacional, es y ha sido siempre clara y honesta. Es una posición de principios, democrática, cívica y civilista, que planteamos editorialmente cuando es necesario hacerlo pero no la confundimos con el enfoque profesional de las informaciones que ofrecemos al público sobre el Ejército.
Sinceramente esperamos que el Ejército y la Policía reconozcan y rectifiquen el error que han cometido, así como nosotros reconocemos y rectificamos el nuestro, y que en el futuro no vuelvan a atropellar la libertad de prensa y a los periodistas como infortunadamente lo han hecho en esta ocasión.
