- Ahora le tocó el turno a las juezas que ordenaron el desalojo en Ometepe. A ellas, la Corte Suprema de Justicia las destituyó de sus cargos
- Investigación determina que cometieron graves irregularidades, entre las que se destacan violación de los derechos humanos y abuso de autoridad
José Adán Silva [email protected]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue aplicando una especie de “justicia interna”, al sustituir ayer de sus cargos a las dos juezas rivenses que ordenaron y ejecutaron el desalojo de 13 familias de la comunidad de Mérida, en la Isla de Ometepe, hace más de tres semanas.
Según un comunicado de la CSJ, este poder del Estado en pleno, decidió destituir ayer de sus cargos a la juez del Distrito Civil del departamento de Rivas, licenciada Gloria María Arauz, y a la juez único local suplente del municipio de Altagracia, Hazel Sandino. La primera por ordenar el desalojo, y la segunda por ejecutarlo, pero con irregularidades en el caso.
Ambas juezas fueron destituidas a solicitud de la magistrada Alba Luz Ramos, luego que la Corte procediera de oficio a ordenar una investigación sobre el violento desalojo del que fueron objeto varias familias campesinas que habitaban tierras aledañas a la costa en Ometepe.
A raíz de las denuncias publicadas en los medios de comunicación sobre el caso, inmediatamente se citó a la ex juez Arauz, y se le ordenó entregar una copia del expediente así como un informe detallado del caso.
Según las investigaciones de la Corte, la ex juez “violó abiertamente no sólo disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil”. La reposición de Arauz será María Nela Paredes, quien hasta este momento se desempeñaba en el cargo de juez de distrito único de Diriamba, Carazo
Éste es el segundo caso en esta semana que se sanciona a jueces por supuestos abusos de autoridad o irregularidades en la tramitación de casos. Anteriormente la Comisión Disciplinaria suspendió de su cargo a la juez Dominga Ampié, por el fallo controversial en el que dictó sobreseimiento a favor de la ex directora del Centro de Insumos para la Salud, Rosario Meza, luego que se denunciara la pérdida de una considerable cantidad de medicina a su cargo.
