Redacción Central
Una delegación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) que se encuentra en Ginebra, Suiza, refutó versiones oficiales del gobierno costarricense que afirman que en ese país no hay discriminación, xenofobia ni racismo.
Mediante un comunicado, Codehuca refiere que desde su calidad de organismo con status consultivo ante la Organización de Naciones Unidas ha presentado un informe alternativo al informe presentado por el gobierno de Costa Rica ante el comité contra el racismo de Naciones Unidas. En su informe el gobierno costarricense asegura que no hay discriminación contra población migrante en Costa Rica.
El informe alternativo presentado por Codehuca ante el mismo Comité refuta esta afirmación presentando casos concretos de xenofobia, discriminación y hechos arbitrarios cometidos contra migrantes nicaragüenses por parte de autoridades costarricenses.
Costa Rica ha firmado y ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la cual ha entrado en vigor en ese país desde 1969. El Estado costarricense debe entregar informes periódicos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, organismo encargado de evaluar el cumplimiento de un Estado a la Convención.
OPERATIVOS ANTIINMIGRANTES
En su informe oficial Costa Rica asevera que la población migrante en ese país es respetada en sus derechos, además de que existen efectivos mecanismos vigilantes de ese respeto y una coordinación adecuada con organizaciones civiles que trabajan la temática.
En su informe alternativo Codehuca señala que los operativos ARENAL I y ARENAL II se han presentado ante la opinión pública destinados a proteger a finqueros de contrabando y hechos de violencia ocurridos en la frontera norte del país, pero que en realidad se han convertido en operativos dedicados a la deportación masiva de migrantes nicaragüenses, independientemente éstos cuenten con permisos de trabajo o incluso cédulas de residencia.
También Codehuca cuestiona las lamentables condiciones de las instalaciones de la conocida como V Comisaría, centro de detención para migrantes en procesos de deportación, importante aspecto que en el informe del gobierno costarricense omite.
