Carlos Alberto Montaner
MADRID.— Cuatro meses antes de terminar su mandato el presidente Andrés Pastrana ha rectificado. Mejor tarde que nunca. Me alegro por él, porque lo aprecio en el terreno personal y me mortificaba verlo equivocarse en la búsqueda de una paz imposible, pero más lo celebro por los colombianos. Al fin marchan en la dirección correcta, lo que no quiere decir que no será terriblemente dolorosa. Si uno tiene cáncer todas las terapias son devastadoras. Y los colombianos están luchando contra un cáncer social que se verifica en un dato pasmoso: es el país del planeta que reporta más hechos violentos: 71 por cada cien mil habitantes. Sudáfrica, que es un espantoso matadero, sólo exhibe la mitad: 34. Rusia, que se ha vuelto un pueblo del Far West en la época de Billy the Kid, apenas 30. Un poco menos, por cierto, de los 31 de México y algo más de los 28 que arroja el peligroso manicomio del señor Chávez en Venezuela.
El charco de sangre que ahoga a los colombianos —treinta mil asesinatos al año, tres mil secuestros— tiene varios afluentes: la narcoguerrilla comunista es el principal. Las FARC y el ELN son sus principales representantes, y mal haría el gobierno en tratar de encontrar muchas diferencias entre los dos grupos. Cualquiera que se tome el trabajo de leer los papeles de los “elenos” encuentra un dato poco esperanzador: sólo los dividen de las FARC algunas cuestiones tácticas de poca monta, y, supongo, los lógicos personalismos que surgen entre grupos que compiten por el poder. A estas dos categorías sigue, en número de actos violentos, la delincuencia pura sin connotaciones ideológicas. Gentes que no pretenden cambiar el destino de Colombia, sino cambiar una billetera de bolsillo, o hacerse de un automóvil, aunque para ello tengan que degollar a un niño a la salida del colegio. Pero las vinculaciones de esta canalla con la narcoguerrilla son amplias: a veces les venden a los secuestrados por un módico precio. A uno de estos desdichados que cambió de dueño lo conocí hace algunos años: lo tuvieron encadenado a un árbol de la selva durante seis meses hasta que su familia reunió el dinero para comprar lo que le restaba de vida. En tercer lugar quedan los paramilitares. Duros y sanguinarios, tienen a los narcoguerrilleros como a sus peores enemigos, pero no vacilan en eliminar a los sospechosos. Lo que los diferencia de las narcoguerrillas es que carecen de proyecto político. No quieren tomar el poder para instalar una sociedad parida por la utopía marxista. Lo que quieren es matar comunistas o cualquier ser humano que se les parezca. Por último, están los barones de la droga. Unas veces junto a la narcoguerrilla, otras del brazo de los paramilitares, y siempre servidos por la delincuencia de rompe y rasga. Una deleznable gentuza.
Para ganar esa guerra los colombianos van a tener que adaptar la legislación a la realidad del país. Colombia, por lo visto, no es el cantón de Basilea. De la misma manera que Estados Unidos examina la posibilidad de juzgar a los terroristas de Al-Qaeda en tribunales militares, probablemente los colombianos se verán obligados a hacer algo similar. No tiene sentido recurrir a la pena de muerte —bastantes cadáveres ya tiene que soportar el país—, pero sí encerrar rápidamente en cárceles seguras y por largos períodos a los violentos de cualquier bando. Y eso lo puede hacer el ejército mucho mejor que un poder judicial como el colombiano, lento, indefenso, corrompido, atemorizado, y, en ciertas instancias, penetrado por los enemigos de la democracia.
Es verdad que las organizaciones que defienden los Derechos Humanos protestarían por la militarización de los tribunales para este tipo de delito, pero siempre se puede explicar que en medio de una guerra a muerte hay que tomar medidas especiales. Europa no acabó con la piratería ni con la trata de esclavos por dulces medios jurídicos, sino ahorcando a los delincuentes en los mástiles de los barcos. En Colombia no hay que poner en práctica medidas tan drásticas. Se trata de hacer la mayor cantidad posible de justicia que permiten las circunstancias extremas del país. Lo que resulta intolerable es que el 95 por ciento de los delitos violentos cometidos en Colombia queden impunes. Ahí no hay un estado de derecho sino un estado de sitio.
En Colombia, ganar la guerra significa restituir el imperio de la ley en el país. Significa que los violentos y los delincuentes de todas las trincheras vuelvan a temerle a la autoridad. Una autoridad que no tiene que ser cruel, ni debe torturar, ni debe excederse de las normas legales. Pero las normas legales tienen que ser suficientes para enfrentar el reto de los asesinos. No es moralmente justo mandar a los soldaditos a morir por la patria y simultáneamente negarles el respaldo de la patria en el terreno institucional. A lo mejor el último y mejor legado de Andrés Pastrana sería la vertebración de una legislación de urgencia que acompañe a las tropas al campo de batalla. Ya deja —todo hay que decirlo— un ejército mucho mejor preparado que el que encontró. Saldría por una puerta más grande si ahora le desata las manos a los jueces. Necesitan esa arma desesperadamente. [©FIRMAS PRESS]
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