Humberto Belli Pereira
La celebración del día internacional de la Mujer ha puesto de nuevo sobre el tapete el anteproyecto de ley conocido como “Ley de Igualdad de Oportunidades”. Grupos feministas, algunas naciones cooperantes nórdicas, y la bancada del FSLN, presionan por su aprobación, convencidos de que abrirá puertas a la promoción de la mujer.
Si la nueva iniciativa legal consiguiera efectivamente promover a la mujer, no habría que vacilar en aprobarla. El problema, sin embargo, es que dicha iniciativa, ya sea por descuido o por diseño, contiene en su articulado disposiciones que vendrían a perjudicar grandemente a la familia nacida del matrimonio, la cual merecidamente, es considerada como la célula fundamental de la sociedad.
Para comenzar, el artículo 12 del anteproyecto afirma que “En Nicaragua hay diversos tipos de familia y todas tienen derecho a igual protección y apoyo…” Tradicionalmente se entendía como familia a la sociedad resultante de la unión matrimonial de hombre y mujer con sus respectivos hijos. Igualmente se creía que dicha unión era el medio más natural y adecuado para la crianza de los hijos y el bienestar de los cónyuges. Vale decir que el poder de estas convicciones no se derivaba sólo de creencias religiosas, sino de una realidad sociológica irrebatible: los niños criados en hogares tradicionales, estables, tienen mayores probabilidades de crecer sin traumas psicológicos y problemas académicos, que aquéllos criados en hogares rotos, monoparentales o inestables. Como resultado de esta visión, los legisladores y el público en general, pensaban que la familia merecía un reconocimiento y protección especial.
Con el artículo 12 ahora se reconocería una amplia diversidad de tipos familiares que, al no estar definidos, podrían cobijar cualquier cosa: desde las uniones casuales e inestables entre sexos opuestos, hasta uniones del mismo sexo que cohabiten bajo el mismo techo. Y no sólo reconocerían esos diversos tipos de “familias”, sino que ahora todas merecerían la misma protección y apoyo. No habría, pues, ningún estímulo, premio o incentivo para aquellos cónyuges dispuestos a comprometerse de por vida a construir, con el sacrificio y la renuncia que eso demanda, un hogar unido, fiel y estable.
Pero lo más preocupante de la nueva ley no es esto, sino que lejos de establecer la paridad en el trato para todos los tipos de familia establece, de hecho y de derecho, una discriminación contra la familia unida en matrimonio. En el artículo 18, inciso 2, por ejemplo, la ley establece programas de crédito, capacitación y asistencia técnica, priorizando (el énfasis es en la ley), a las mujeres jefas de hogar. El artículo 19, inciso 6, establece, por su parte, que “Los programas habitacionales que se impulsen, después de la entrada en vigencia de esta ley, priorizarán a las mujeres jefas de hogar”.
Así, pues, aquellas familias en las que hombre o mujer hagan el esfuerzo por permanecer unidos tendrán la desventaja de no tener el mismo acceso al crédito y a las viviendas de quienes hayan roto dicho vínculo o no se hayan preocupado por establecerlo. El consejo a la Juanita, “mejor no te casés”, adquiriría sentido.
No hay duda de que estas iniciativas legales se adoptan a veces buscando cómo proteger a quien se percibe quizás como más vulnerable. La pobre mujer jefa de hogar parece más vulnerable que la que tiene a su Juan al lado. Ésta fue la lógica que usaron los Estados Unidos con sus programas de beneficencia o “welfare.” Pero el efecto neto es que se creó para los hogares pobres un incentivo formidable para no casarse. En consecuencia, la desintegración familiar, que es tan dañina para la propia mujer, pero en especial para la prole, se multiplicó y entronizó con el apoyo piadoso del Estado.
La igualdad de oportunidades de la mujer es un objetivo noble y hay que apoyarlo. Pero hay que hacerlo a través de leyes cuidadosamente estudiadas, que no minen, consciente o inconscientemente, instituciones que son indispensables para la salud social. De otra forma, los beneficios que se podrían ganar en unos aspectos, podrían ser anulados por los maleficios cultivados en otros.
El autor es rector de Ave María College, miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
