Emilio Álvarez Montalván
La semana pasada se inició en bruselas un proyecto de gran envergadura, aunque de inciertos resultados. Ciento cinco delegados de 28 países europeos empezaron a discutir una Constitución que los una políticamente, y que luego someterán a referéndum. Lo cierto es que hace cincuenta años (Tratado de París 1951) Charles de Gaulle y Konrad Adenauer echaron la base de una asociación supranacional, creando la Comunidad del carbón y acero. Desde entonces, pese a las cuatro ampliaciones (1973, 1981, 1986, 1995) de la CE y numerosos tratados, no han logrado convenir en la Carta Magna de esa nación que Churchill llamó a los Estados Unidos de Europa.
La cuestión de fondo para los europeos, además de procurar con la fusión un desarrollo acelerado, es construir una súper potencia que haga contrapeso al unilateralismo norteamericano, incrementado al finalizar la Guerra Fría y consolidada después del acto terrorista del 11 de septiembre en New York. En todo caso, los esfuerzos de la UE se facilitan con el funcionamiento eficaz de instituciones sólidas, construidas en medio siglo, como el Parlamento, la Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo y la Comisión Ejecutiva, hasta llegar en Niza (2001) a repartir el poder real una vez incorporadas las naciones este-europeas. Ha sido un proceso difícil, que ha podido sobrevivir a la Guerra Fría: al conflicto sangriento en la ex Yugoslavia, a las tensiones de su dispareja membresía, al deterioro del euro frente al dólar, a las acciones unilaterales de NATO, a la recesión alemana y al escepticismo británico.
Lo cierto es que la UE tiene problemas estructurales pendientes, como la desigualdad en las economías de sus miembros, los resabios de un nacionalismo trasnochado, el diseño final de su Carta Magna, mantener equilibrado su presupuesto, financiar el subsidio a los países débiles del grupo, sortear las acciones unilaterales del NATO, resolver las controversias comerciales con EE.UU., superar la recesión mundial; y desde luego administrar una comunidad de 350 millones de habitantes con una cola de ingentes necesidades sociales.
Para los latinoamericanos, lo positivo actualmente es la Presidencia española pro témpore de UE encabezada por José María Aznar, quien ha demostrado interés por estrechar vínculos de Europa con aquellos países. En el discurso inaugural de la Asamblea Constituyente, Aznar expresó que el propósito de UE es conjugar tres intereses: comunitarios, regionales e individuales, enfatizando que los objetivos de UE no se agotan en la propia región para extenderse a la vinculación de las elites gobernantes con la sociedad civil, o con un intercambio comercial raquítico y una producción monótona sujeta a zancadillas inesperadas. Y eso sin agregar la resistencia costarricense por asociarse políticamente con el resto de Centro América y el cercenamiento que Honduras propició al patrimonio marítimo de las aguas centroamericanas cediéndoselas a Colombia.
Además, está el hecho de que este Istmo nunca tuvo un eje económico-financiero fuerte que empujase y respaldase el proyecto de unión, como lo ha existido en Europa, con Francia y Alemania, actuando como pilares esquineros.
Lo nuevo en el campo centroamericano es la iniciativa de Bush de iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la región centroamericana, oportunidad entorpecida por la disgregación en que vivimos, que ni siquiera —como en el caso de Nicaragua— ha logrado integrar a la zona atlántica. El secreto de los europeos es que han aceptado que para unirse deben ceder parte de su soberanía, y que esa nueva situación producirá mayores beneficios que permanecer separados.
El autor es analista político y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
